El 30 de agosto de 2022, un equipo de policías dirigido por el comisario Juan Flores, de Lavalleja, realizó un allanamiento en la casa de Martín Acuña, quien posee antecedentes por tráfico de drogas. Al ingresar los policías, Acuña dijo desde una silla de ruedas: “Tengo una nueve”. Se refería a una pistola calibre nueve milímetros.

Acuña quedó parapléjico tras recibir el 16 de febrero de 2018 un disparo por la espalda durante el desfile de Carnaval de Minas. El tiro fue realizado por Santiago Zuasnabar Virches, alias Pumita. El ataque de Pumita se enmarcó en una guerra entre los Acuña y los Virches que generó ocho muertos y seis tentativas de homicidio en Minas y Chuy.

En la casa de Acuña, los investigadores incautaron el arma y 12 proyectiles, de los cuales cuatro pertenecían a la Policía. También decomisaron calzados y otras prendas que carecían de documentación.

Acuña enfrenta una investigación por la autoría intelectual del homicidio del Pumita ocurrido el 13 de abril de 2018, dos meses después de que recibiera un disparo por la espalda en el desfile de Carnaval. Álvaro Batista fue condenado por el crimen material de Pumita.

En una audiencia realizada el 31 de octubre pasado sobre el control de la acusación a Acuña, los fiscales adjuntos de Lavalleja de 2do Turno, José de León y María Saulle, transmitieron al juez Gaspar Ardao que en el juicio contra Batista “se determinó” que Acuña había sido el autor intelectual del crimen de Pumita.

El codefensor de Acuña y exfiscal de Corte, Jorge Díaz, señaló que compartía parcialmente el relato efectuado por la Fiscalía en algunos de los puntos sobre el crimen de Pumita, pero no todos. A su defendido se le imputaban los delitos de receptación, tráfico de armas de fuego y el homicidio de Zuasnabar Virches.

Con respecto a la mercadería incautada en la casa de Acuña, Díaz relató que esta no pertenecía a su cliente. Y planteó al juez que recogiera la solicitud de sobreseimiento del delito de receptación. “Por lo menos vamos limpiando el plato. Quedaría uno de los tres ilícitos afuera”, sostuvo.

En relación con el delito de tráfico interno de arma de fuego, Díaz dijo que la pistola incautada no era propiedad de Acuña y agregó que eso lo iba a probar en el juicio oral.

Finalmente, propuso a la Fiscalía un acuerdo probatorio sobre el homicidio de Pumita porque no hay controversias sobre que Batista lo haya matado. Y agregó que sí hay diferentes opiniones entre la Fiscalía y la defensa de Acuña -también integrada por la abogada Karen Pintos y Florencia Mazzei- sobre si este prometió o remuneró económicamente a Batista por la muerte de Pumita.

La defensa considera que Acuña “no tenía motivos” para matar a Pumita, porque quien lo dejó parapléjico fue otra persona.

El fiscal De León señaló que la Fiscalía no se iba a oponer al sobreseimiento de Acuña por un delito de receptación y que tampoco iba a rechazar un acuerdo probatorio con la defensa del imputado sobre el crimen.

Sin embargo, De León dijo que la prueba de la Fiscalía consistía en las declaraciones de tres testigos de identidad reservada, que dijeron que Acuña pagó una suma de dinero -$ 100.000- a Batista para que matara a Pumita.

El fiscal agregó que contaban también con una parte de un fallo de un Tribunal de Apelaciones donde constaba la existencia de una promesa remuneratoria entre Acuña y Batista para matar a Zuasnabar Virches.

A esa altura de la audiencia, ingresó la fiscal titular Claudia Lete, quien había asistido a una consulta médica y por eso llegó más tarde.

Cuando se discutía la inclusión de la declaración del comisario Juan Flores, quien estuvo a cargo de la investigación y los allanamientos a Acuña, Díaz se opuso a esta en el juicio oral. “Entiendo que el equipo fiscal tuvo sucesivos cambios (desde 2018). Pero acá no hubo un registro adecuado del proceso de investigación (al faltar la declaración del comisario Flores). No tuvimos acceso al acta de incautación (del arma). Acá hubo una omisión y la vamos a hacer valer”, advirtió.

La fiscal Lete pidió una prórroga para subsanar y llamar a declarar a Flores e incorporar ese testimonio a la carpeta investigativa.

Díaz respondió: “Yo estaría de acuerdo. No es mala voluntad. Pero existió una defensa (de Acuña) que contestó la acusación (de la Fiscalía) en inferioridad de condiciones”.

Lete replicó señalando que había voluntad de la Fiscalía de subsanar el problema, al citar a declarar a Flores.

No obstante, en el intercambio con Lete, Díaz afirmó que entendía perfectamente la voluntad de los fiscales de subsanar el problema, aunque agregó: “Mi rol como defensa es hacer cumplir los derechos de él (Acuña)”.

Lete replicó: “Usted sabe muy bien, porque fue fiscal de Corte, de todas las peripecias que se pasan en las Fiscalías”.

Díaz recordó que, en su alegato, había valorado todos los cambios de fiscales sucedidos en la Fiscalía de Lavalleja en los últimos tiempos. “Pero debo defender los derechos de mi cliente o no estaría acá”, sostuvo en alusión a Acuña.

Al final de la audiencia, Díaz dijo al juez Ardao que quería dejar una constancia sobre la situación de los fiscales cuando ocupaba la titularidad de la Fiscalía de Corte. Sin embargo, ello no quedó grabado en el audio de la instancia judicial.

Este es uno de los primeros juicios orales donde el exfiscal de Corte y abogado penalista Jorge Díaz participa en un rol litigante. En la audiencia, las intervenciones de Díaz superaron largamente las de sus contrapartes, los dos fiscales adjuntos de la Fiscalía de Lavalleja a los que se sumó más tarde la fiscal titular. Díaz hizo gala de su conocimiento como creador del sistema acusatorio. Incluso, en un momento percibió que estaba monopolizando la palabra y le dijo al juez Gaspar Ardao, “es usted quien está al mando”. Poco después, el juez lo interrumpió y le dijo: “Yo estoy al mando”. Díaz asintió.