Redacción El País
El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, presentó una contestación al recurso que plantearon desde la defensa de los militares imputados en la causa Michelini-Gutiérrez Ruiz (que incluye a 60 víctimas más). La defensa de José Ricardo Arab, Jorge Silveira y Ricardo Medina había presentado un recurso de jurisdicción ante el juzgado penal 31 de la jueza Adriana Chamsarian.

El recurso de la defensa de los represores plantea que los casos sobre delitos de lesa humanidad deben ser estudiados directamente por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), aludiendo al artículo 239 de la Constitución. El artículo 239 de la Constitución sostiene en su inciso primero que es facultad de la SCJ “juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna, sobre delitos contra Derecho de Gentes”.

En un escrito, del que informó La Diaria y al que accedió El País, Perciballe entiende que "existen razones jurídicas y aún humanas" que la jueza "no aquilató en debida forma" al aceptar el recurso que presentó la defensa de los militares.

El fiscal señaló en el texto que "cada instancia procesal es vivida por las víctimas con mucha ansiedad, y sobre todas las cosas, con la esperanza que la Justicia en el más breve lapso avance y contemple su reclamo"."Derecho que se asienta en un imperativo humanitario, pero que se sustenta en el más prístino derecho a la tutela judicial elencado en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos", añadió.

Perciballe cuestionó que "a tres años del inicio de las actuaciones y a dos de la formalización, cuando todo se encaminaba a avanzar en el proceso, presentan esta llamativa excepción".

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En la audiencia que fue suspendida se iba a disponer la prueba a presentarse en un futuro juicio. Los tres imputados ya tienen medidas cautelares: Medina y Silveira están en prisión en Domingo Arena (por este y otros casos) y Arab tiene prisión domiciliaria (por este y otros casos).

En agosto de 2022 la Justicia había formalizado la investigación contra Arab por un total de 12 delitos de homicidio y dos desapariciones forzadas. Entonces se imputó también a Ernesto Ramas (fallecido en diciembre de 2022), Silveira y Medina por varios delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Entre otras causas que pesan sobre Arab, el militar retirado fue procesado con prisión en noviembre de 2023 por ser identificado como uno de los responsables del asesinato múltiple ocurrido en 1974, conocido como el caso de los "Fusilados de Soca".

Por su parte, Medina es uno de los principales acusados de ejecutar el asesinato y desaparición de María Claudia García de Gelmán. Fue inicialmente policía de la guardia de Granaderos y se integró a la operativa de inteligencia en la dictadura. Además de ser condenado en Uruguay y el extranjero por su participación en crímenes de lesa humanidad, fue procesado por delitos comunes, en 1995 junto a José Gavazzo.

Silveira y Ramas fueron condenados en setiembre de 2022 como coautores de la desaparición del militante comunista Óscar Tassino en julio de 1977.