El fiscal de Corte, Juan Gómez, concurrirá el martes 7 de noviembre en régimen de comisión general a la Cámara de Representantes convocado por el diputado blanco, Rodrigo Goñi, por “las reiteradas filtraciones” de informaciones sujetas a reserva que se han venido divulgando públicamente.

La citación fue anunciada por el legislador nacionalista a través de X (antes Twitter). Allí Goñi escribió que “la gravedad de los hechos pone en evidencia la falta de garantías respecto a derechos humanos fundamentales, no solo de personas presuntamente involucradas en asuntos delictivos sino de la ciudadanía en general”.

Fiscales consultados por El País sostuvieron que el procedimiento informático de la Fiscalía de Corte- denominado Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (Sippau)- no es confiable. Y agregaron que a él pueden ingresar funcionarios del departamento informático y coordinadores de fiscalía que poseen las contraseñas de los fiscales titulares.

“El sistema informático no es bueno, no es amigable para el trabajo de los fiscales y sus debilidades en materia de seguridad son muchas”, afirmó un fiscal. Y dijo que las filtraciones se dieron en los expedientes de alta exposición pública como Operación Océano, los casos Cendoya y Astesiano y la investigación al exsenador blanco Gustavo Penadés.

Cada vez que empiezan una investigación penal, los fiscales tienen la obligación de subir al Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay la marcha de las actuaciones, según una resolución de la Fiscalía de Corte.

El Sistema de Información de la Fiscalía interactúa con el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior. De esa forma, los jefes policiales reciben las órdenes de allanamientos o de detenciones emitidas por la Fiscalía, pero no pueden ver la marcha de las investigaciones.

El 29 de marzo de este año, en un comunicado, la Fiscalía informó que investigaría de oficio la acusación de la militante Romina Papasso contra el entonces senador Penadés por abuso sexual. El fiscal de Corte adjunto, Juan Gómez, remitió un pendrive con la captura de imágenes, audios y videos de la denuncia que Papasso hizo en un programa de internet.

El material fue enviado por Gómez a la Dirección de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía, sección encargada de derivar los casos a los fiscales. El caso se asignó a la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° Turno, cuya titular es la fiscal, Alicia Ghione.

Apenas comenzada la indagatoria, Ghione se reunió con jerarcas del departamento informático de la Fiscalía de Corte y otras autoridades del organismo donde solicitó que se armara un sistema impermeable a las filtraciones. En la reunión, uno de los jerarcas dijo a Ghione que era imposible hacerlo.

La investigación de la fiscal sobre el caso Penadés transcurrió sin ninguna filtración durante siete meses, algo impensable en los expedientes Astesiano y Operación Océano.

A principios de este mes, la Policía entregó a Ghione los contenidos recientes de escuchas telefónicas realizadas a dos colaboradores de Penadés y a una funcionaria de la Corte Electoral.

Ghione subió el material al Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay de la Fiscalía y la filtración fue casi en forma simultánea. Las escuchas de las tres personas, que fueron calificados por la Fiscalía como testigos y no como indagados, se hicieron públicas. Algo inédito en la historia judicial del país.

Allí estaban las conversaciones privadas de esas personas con sus parejas, laborales y amistades. “El daño ocasionado a los derechos de esas personas fue grande”, dijo uno de los fiscales consultados.

La fiscal Ghione pretendía usar algunos elementos de esas escuchas para continuar con la indagatoria del caso Penadés. Al hacerse públicos sus contenidos, se le cayó parte de la estrategia a la fiscal. Poco después, el fiscal de Corte ordenó una investigación interna para detectar por dónde salió esa información reservada. Por ello, las fiscales de Delitos Sexuales de 6° Turno debieron a ir a declarar.

El País consultó días atrás a Gómez sobre el hecho de que funcionarios ajenos a una investigación de una fiscal -por ejemplo, técnicos del sistema informático- podían tener acceso. El jerarca respondió que el sistema informático de la Fiscalía deja una trazabilidad y agregó que si un funcionario ingresa a una investigación sin autorización, es pasible de sufrir una investigación interna y posterior sanción.

La filtración sufrida por la Fiscalía no fue la única. En la carpeta investigativa sobre la indagatoria al exvicepresidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, Nicolás Cendoya, surge que el exjerarca frentista accedió casi de inmediato en 2020 a una denuncia en su contra de la presidenta actual de la institución, Mercedes Aramendía. La investigación fiscal derivó en la destitución de tres funcionarios de Fiscalía. También desnudó una trama donde coordinadores de fiscalías tenían acceso a contraseñas y cédulas de identidad de fiscales y armaron una lista con ellas.

A partir del 6 de noviembre próximo, el fiscal Raúl Iglesias dispondrá la citación en calidad de indagada a la militante blanca Romina Papasso en el marco de una investigación sobre un posible chat falso tendiente a incriminar al exsenador Gustavo Penadés, hoy formalizado, dijo una fuente del caso a El País.

Agregó que Iglesias posee elementos suficientes como para pedir la formalización de la investigación a Papasso por un presunto delito de falsificación.

El fiscal pretende alcanzar un acuerdo con Papasso de ir a un juicio abreviado con dos años de prisión efectiva, afirmó la fuente.