ANALIZAN DENUNCIAS

Los gritos del relacionista público Fernando Cristino sacudieron la calma de la Seccional 10ª en la madrugada de ayer. Horas antes había protagonizado un incidente con un empleado de un hotel ubicado en el barrio Punta Carretas. El funcionario no le permitió pernoctar en el hotel porque Cristino mantenía una deuda, tras lo cual protagonizó un altercado con el empleado y fue detenido.

Ya en la comisaría, Cristino gritó: “Los voy a matar a todos, milicos de porquería”. Y luego añadió: “Ustedes no saben quién soy”. Enseguida volvió a arremeter: “Tengo llegada a Larrañaga, sáquenme de aquí”.

Las amenazas de muerte contra los funcionarios prosiguió. Ello llevó a que un oficial se comunicara con el fiscal Diego Pérez, quien estaba de turno, y le relatara el problema.

Pérez ordenó al oficial de la Seccional 10ª que trasladara a Cristino a un centro asistencial para que lo estabilizaran desde el punto de vista psicológico y luego lo llevaran a la Fiscalía a testificar sobre el incidente en el hotel.

El relacionista público fue derivado a la policlínica de Capitán Tula para una evaluación médica y allí se habría producido un segundo altercado con un funcionario policial. Dada la inestabilidad de Cristino, por orden de la Fiscalía, fue derivado al Vilardebó para la evaluación psiquiátrica.

El relacionista público debía declarar en la tarde de ayer ante el fiscal Pérez, pero no se presentó, de acuerdo a lo informado por su abogado Darwin Graña. “Los médicos consideraron que no estaba en condiciones emocionales de declarar”, dijo el asesor legal a El País.

Casualmente el fiscal Pérez, en otro expediente, investiga a Cristino por entregar dos cheques diferidos sin fondos en 2018. La denuncia penal contra Cristino fue realizada por la empresa Recupero, propiedad de Leonardo Miller. Se trata de una firma con larga trayectoria en recuperación de activos.

La empresa Recupero también denunció a Cristino por un tercer cheque al portador sin fondos. La investigación de esa denuncia la realiza el fiscal Leonardo Morales, según dijeron fuentes del caso a El País.

Los tres cheques sin fondos rondan los US$ 20.000.

La ley 14.234 sostiene que será castigado con pena de tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría aquella persona que librare un cheque sin tener provisión de fondos.

Con el libramiento del segundo cheque al portador, Cristino incurriría en un delito de estafa. Es posible que en el primer caso sea acusado sin prisión y en el segundo ya podría enfrentar una pena de cárcel.