El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de 1er Turno, Alejandro Machado, tomó declaración en los últimos días a 14 personas por irregularidades en la entrega del pasaporte a Sebastián Marset en noviembre de 2021, cuando el narcotraficante estaba aún preso en Dubái. Declararon, entre otros, dos ministros, un subsecretario y una exsubsecretaria. Tras una de estas audiencias, Machado contactó al fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, para hacerle una advertencia. “Mire, señor, que trabajé, tomé declaración a una persona, y a las dos horas (el audio de) esa declaración ya estaba subido a una red social. Estamos trabajando. No somos nosotros los que filtramos”. Así recuerda Gómez lo que le dijo Machado. Y el fiscal de Corte le cree, pero en el Partido Nacional, no. “Si no salen de la fiscalía” las filtraciones, “salen de su entorno”, alertó ayer el diputado blanco Rodrigo Goñi, tras escuchar las explicaciones de Gómez.

El fiscal de Corte compareció ayer durante cuatro horas, acompañado por un equipo de Fiscalía, ante la comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, donde fue convocado para hablar sobre filtraciones de información generadas en procesos de investigación penal. Allí Gómez explicó cómo funciona el sistema y quiénes tienen acceso a los archivos de audio que registran las audiencias. “La ley establece que los fiscales tienen el deber de subir a su carpeta investigativa todo aquello (sobre lo) que no pidieron una reserva judicial previa”, informó a la prensa tras la sesión parlamentaria, y agregó que “lo que no sea reservado tiene que estar en conocimiento de las defensas de los imputados, y de las víctimas y sus representantes”.

Además, aseguró que hay cuatro posibles fuentes de filtraciones: la Policía, que graba las escuchas telefónicas y se las entrega al fiscal a cargo del caso; la Fiscalía; el imputado o su defensa; y las víctimas o sus representantes. “No son filtraciones que se hagan desde las fiscalías, y si así fuera, tendrían responsabilidad administrativa y también penal”, dijo Gómez. Si un policía filtra los archivos, también incurre en delito, a diferencia de imputados, víctimas o abogados, que pueden hacerlo. “Nosotros como fiscales no tenemos ningún motivo para andar filtrando cosas que únicamente nos perjudican. Sepan que personalmente mientras no tenga prueba en contrario, confío plenamente en todos los equipos de la Fiscalía del país”, sostuvo Gómez.

El fiscal de Corte pretende sumar una nueva herramienta para identificar a quien filtra los archivos a la prensa. En concreto, busca incorporar un software para mejorar la trazabilidad de los documentos, ya sean escritos o sonoros. “Vamos a embarcarnos para lograr saber, ya sea a través de marcas de agua o de algún otro mecanismo, como sonidos imperceptibles, a quién fue dado esto o aquello, para empezar a saber quiénes son los responsables de las filtraciones”, dijo Gómez a El País, y aclaró que no está señalando a nadie como responsable de esas fugas de información.

La ingeniera Inés Pérez, asesora del fiscal de Corte, fue quien explicó en comisión los alcances de esta herramienta. “Confío en que la gente que trabaja con gran dedicación determine qué es lo que se necesita, y yo lo que tengo que hacer es procurar, si no tenemos los recursos, los refuerzos correspondientes para implementar eso que parece tan importante”, dijo Gómez, para quien, en síntesis, las filtraciones no son “culpa de la fiscalía”.

“El legislador votó un código (el del Proceso Penal, vigente desde 2017), lo que debe subir el fiscal al sistema y con quién debe compartirlo. Después, nos falta la trazabilidad suficiente para saber, en caso de audios o documentos que se divulgan, que esta es la copia que le di a fulano, que vino de la Policía o que únicamente tenía la fiscalía”, concluyó.