JUSTICIA SOLICITA QUE PRÓXIMO SENADO LE QUITE INMUNIDAD

Se trató de una audiencia judicial con ribetes sorprendentes. Y de hondo contenido político. Allí se ventilaron eventuales omisiones del excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos -electo senador por Cabildo Abierto. Pero también hubo una mirada crítica a las políticas del Poder Ejecutivo en un tema muy caro para los frenteamplistas: los desaparecidos.

A las 15:15 horas, Manini Ríos ingresó a la audiencia acompañado por sus abogados, Juan Carlos Fernández Lecchini, Marcos Pacheco y Eduardo Lutz. Poco después, lo hizo el fiscal Rodrigo Morosoli y sus dos adjuntas.

La jueza penal de 36° Turno, Marcela Vargas, dio la primera nota sorpresiva. Lutz pretendió sentarse junto con los defensores de Manini Ríos cuando un imputado no puede tener más de dos defensores en una audiencia judicial.

Vargas señaló: “Una audiencia puede ser presenciada por amigos y vecinos. Si lo hacemos con Braian y Jonathan, también con Manini. Tome asiento, doctor”. Lutz se sentó en los asientos destinados a familiares de los imputados en el fondo de la sala.

La magistrada recordó que Manini Ríos había sido electo senador en los comicios del 27 de octubre pasado. “Tenemos que resolver el tema de los fueros”, dijo Vargas.

La postura jurídica de Morosoli fue otra nota sorpresiva. Cuando se esperaba un planteo acusatorio, Morosoli se inclinó por una posición garantista: consideró que Manini ya tenía fueros porque había sido electo senador en las pasadas elecciones. Es decir, el fiscal no se plegó a la posición de que Manini obtendrá los fueros recién cuando sea proclamado.

“Sin perjuicio de que la Corte Electoral aún no efectuó la proclamación de rigor (momento en que la doctrina mayoritaria entiende que comienzan a regir los fueros parlamentarios) y sin desconocer las diversas opiniones doctrinarias relativas al momento en que se le aplica a un candidato el estatuto y las prerrogativas del legislador, esta Fiscalía entiende que corresponde aplicar el criterio según el cual los fueros se adquieren desde el día mismo de la elección”, dijo Morosoli.

El fiscal dijo que se debían respetar los derechos del justiciable, en este caso, Manini Ríos, y atender la separación de poderes en el Estado.

Si ayer se concretaba una formalización de una investigación penal contra Manini Ríos sin el previo consentimiento del Senado, esta podría declararse nula.

En una de las pocas ocasiones que habló, Manini Ríos dijo que, como había anunciado en varias oportunidades, no iba a ampararse en los fueros parlamentarios. La jueza Vargas le transmitió que cuando ingresó al juzgado, “entró el Parlamento también”.

En la audiencia, Morosoli pidió a Vargas que le permitiera hacer un relato a la Cámara de Senadores sobre los motivos por los cuales solicita el desafuero de Manini Ríos, a lo que la jueza accedió.

El 24 de septiembre pasado, el fiscal Morosoli solicitó a la magistrada que convocara a audiencia a Manini Ríos para formalizar la investigación preliminar que sigue contra él como presunto autor de un delito de omisión de los funcionarios a denunciar ilícitos.

La jueza Vargas convocó a una audiencia el 3 de octubre pasado. Sin embargo, la misma no se realizó porque la defensa del excomandante en jefe del Ejército presentó un recurso de inconstitucionalidad contra leyes que crean la Fiscalía de Corte y el nuevo Código del Proceso Penal (CPP).

El 17 de octubre, la Suprema Corte de Justicia, en forma unánime, rechazó el recurso. El expediente retornó al Juzgado de 36° Turno.

En otro tramo de la audiencia de ayer, Morosoli dijo que el 1° de setiembre de 2017, el entonces ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, dispuso la conformación del Tribunal de Honor del Ejército para juzgar las eventuales violaciones a los derechos humanos por parte de los coroneles retirados, Jorge “Pajarito” Silveira, Ernesto Rama, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y el teniente coronel retirado José Nino Gavazzo. Ese tribunal de honor fue integrado por los generales Gustavo Fajardo, José González y Alfredo Erramún.

El 10 de abril de 2018, Gavazzo reconoció ante el tribunal que había hecho desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en el río Negro en 1973.

Según Morosoli, “estamos aquí ante un crimen de lesa humanidad, de carácter permanente y que se continúa cometiendo hasta el día de hoy”.

La confesión de Gavazzo quedó consignada en audio y en actas. Los tres generales entendieron que debían comunicar los dichos de Gavazzo a su superior, el entonces comandante Manini Ríos.

Según Morosoli, Manini Ríos no informó a la Justicia Penal sobre las declaraciones de Gavazzo ni tampoco lo hizo a su superior inmediato, el entonces ministro Menéndez. Con esa omisión “deliberada”, Manini Ríos incurrió en un ilícito.

La defensa de Manini Ríos dijo, en la audiencia, que posee prueba documental y testimonial de que el entonces comandante en jefe del Ejército informó al ministro Menéndez sobre el contenido de las actas del Tribunal de Honor y que el Poder Ejecutivo también las conocía.

Fernández Lecchini señaló: “Este proceso (contra Manini Ríos) está viciado. Tiene un trasfondo político”. Y agregó que desde 2002 la Comisión para la Paz conocía detalles de la muerte y desaparición de Gomensoro.

El 6 de marzo pasado, Menéndez pidió una licencia médica. El dirigente del MPP, Daniel Montiel, entonces subsecretario de Defensa, fue nombrado ministro.

“Si Montiel sabía que Manini había ocultado las actas de Gavazzo en el Tribunal de Honor, ¿por qué no lo destituyó o sancionó? ¿Por qué no planteó el tema al presidente de la República? El gobierno quería dejar en segundo plano el tema de las actas, quería esconderlas”, dijo Fernández Lecchini. Y agregó que cuando Presidencia sacó dos resoluciones sobre los Tribunales de Honor tampoco manejó la existencia de tales actas.

Según la defensa, Tabaré Vázquez destituyó a Manini Ríos y nombró como comandante en jefe a José González, que había sido integrante del Tribunal de Honor que juzgó a Gavazzo salteándose a otros militares que estaban a la derecha. A los diez días, lo destituyó. “Todo esto muestra que el Poder Ejecutivo quería evitar escándalos”, dijo.

Fernández Lecchini afirmó que generales, integrantes del Tribunal de Honor y otros funcionarios del Ministerio de Defensa también sabían lo que decían las actas. “Pero nadie del Poder Ejecutivo sabía”, ironizó.

Sostuvo que asesores del ministro Menéndez y del Estado Mayor del Ejército conocían los dichos de Gavazzo.

“¿Le ocultó también (a Menéndez) el asesor jurídico del Estado Mayor del Ejército las actas de Gavazzo? Si es así, ¿por qué no imputó el fiscal al asesor del Estado Mayor del Ejército? No lo imputó porque Menéndez ya sabía de las actas”, explicó. Y remarcó: “En la investigación a la Fiscalía le faltó objetividad. Los únicos indagados fueron militares. Nunca un civil”.

Para Fernández Lecchini, la Fiscalía “no tiene pruebas” contra Manini. “No hay ningún testigo que haya hablado con Menéndez y que diga que este le manifestó desconocer las actas de José Gavazzo”, insistió.

Según el defensor, las afirmaciones del periodista Leonardo Haberkorn y del dirigente izquierdista Esteban Valenti son verdaderas: “El Estado trató de limitar el tema Justicia sobre violaciones a los derechos humanos. Ocultó las actas desde 2018 hasta marzo de 2019”.

El desafuero sería analizado por la próxima legislatura

Respecto a los pasos que siguen de ahora en más, el constitucionalista Ruben Correa Freitas, señaló que ahora la jueza Vargas elevará un oficio a la Suprema Corte de Justicia, que “remite” el pedido de desafuero a la Cámara de Senadores, lo que constituye “un trámite formal”.

En torno a si debe tratarse en esta legislatura o en la próxima, Correa Freitas considera que “debe tratarse en la próxima, porque él (Manini) no integra la actual Cámara de Senadores, va a integrar la próxima” por lo que será la posterior Cámara de Senadores que se instale el 15 de febrero de 2020 la que entiende debería laudar este caso.

Agregó que en Senadores, la Cámara pasa este pedido a la Comisión de Constitución y Legislación, que lo estudia y realiza un informe. Luego la Cámara se reúne y trata el tema.

Correa Freitas señaló que a partir de la fecha que tome conocimiento de esto la Cámara de Senadores “no hay plazo” para votar el desafuero, que necesitaría 21 votos de la cámara. En tanto, mientras esto no suceda, Manini legislaría sin problemas en esa cámara.