Redacción El País
La Fiscalía de Maldonado archivó la denuncia contra el intendente de ese departamento, Enrique Antía, en el marco de la intención de la comuna de derribar casas ubicadas sobre la playa de Punta Colorada.

El abogado de Antía, Jorge Barrera, contó que además de Antía también debió declarar ante la fiscal Fabiana Corbo la directora general de Asuntos Legales de la intendencia, Adriana Graziuso. "La Fiscalía pidió todas las actuaciones administrativas, los expedientes, nosotros hicimos la declaración y adjuntamos dos consultas de expertos tanto en materia procesal como en materia administrativa que avalaban nuestra la línea argumental, que acá no se configura delito en tanto no hay violación a la norma penal", explicó Barrera a El País.

El abogado aseguró que "la conducta de la administración fue ajustada a derecho" porque "todas las sentencias en materia civil habían sido favorables a la postura de la Intendencia de Maldonado", en el sentido de que se podían derribar las casas, así que "lo que correspondía era el archivo de las actuaciones".

La denuncia había sido por un presunto delito de abuso de funciones. La presentó la familia de los propietarios de las viviendas, a través del abogado Pablo Donnángelo, quien ahora podría solicitar el reexamen de la causa para que otro fiscal lo valore.

A entender de los moradores, antes de dar la directiva de demoler las casas, las autoridades debieron solicitar autorización expresa a la Justicia, situación que no ocurrió.

Tras la denuncia, hubo un fallo del juez Federico Rodríguez, que desestimó una acción de amparo presentada por los moradores de las viviendas. También el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló a favor de la Intendencia de Maldonado y no dio lugar a la solicitud de suspensión de la demolición de las casas.