El pedido de desafuero del senador Gustavo Penadés, entregado ayer por la Fiscalía a la Justicia, tiene más de 60 páginas. Se trata de un escrito “muy fundado” desde el punto de vista jurídico, dijo una fuente del caso a El País.

El documento, elaborado por las fiscales Alicia Ghione y María José Brisco, y entregado a la jueza de 36° Turno, Marcela Vargas, tiene dos ejes: un resumen de los testimonios de ocho víctimas y las pruebas acumuladas durante la investigación (fotografías, videos y chats, entre otros).

Según supo El País, el escrito relata las declaraciones de la militante nacionalista Romina Papasso, quien señaló que conoció a Penadés cuando tenía 13 años y estaba realizando su transición a ser una persona trans.

Papasso dijo que Penadés la abordó en la zona de Parque Batlle y que luego mantuvieron dos encuentros.

También reprodujo en detalle lo que Papasso señaló públicamente el 28 de marzo de este año en el programa “Hacemos lo que podemos”, en el canal de YouTube Undertake Producciones. La militante aseguró que el senador le “marcó la vida (...) Fue el comienzo de todo lo malo”.

El 10 de abril pasado, Papasso declaró ante las fiscales Ghione y Brisco que habían más víctimas y que estaban dispuestas a testificar contra el legislador. Con el correr de los días, estas se presentaron en la Fiscalía. Cinco de ellos son defendidas por los abogados del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, y otros tres prestaron declaraciones sin la asistencia de un abogado.

Según supo El País, el pedido de desafuero enumera a esas víctimas por letras del abecedario como forma de no identificarlas. Después de Papasso, la víctima siguiente tiene el nombre de “A”, la segunda es denominada como “B”, la tercera es la “C” y así sucesivamente hasta llegar a la “G”.

En el documento presentado a la Justicia, las fiscales Ghione y Brisco extractan parte de las declaraciones de esas víctimas donde recuerdan que la mayoría de los contactos entre el parlamentario y los jóvenes se realizaron -según sostienen- en la zona del Parque Batlle.

En una ocasión, una víctima dijo haber sido contactada en una plaza tras mantener un intercambio con el legislador a través de las redes sociales.

Todos los presuntos damnificados declararon en la Fiscalía que eran menores de edad cuando conocieron a Penadés.

La Fiscalía también investiga a un docente del Liceo Militar, quien supuestamente oficiaba de “intermediario” entre el senador y los menores.

Las víctimas también declararon ante ambas fiscales que percibieron entre $ 3.500 y $ 4.000 por cada encuentro.

En base a todos esos elementos, Ghione y Brisco fundan su pedido de desafuero de Penadés. Es decir, ambas representantes del Ministerio Público hacen hincapié en la existencia de un pago por parte del legislador a menores.

Por eso el parlamentario es investigado por incurrir en un supuesto delito de promesa de retribución o retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos (artículo 4 de la Ley N° 17.815 sobre niños, adolescentes o incapaces).

El pedido de desafuero de Penadés ingresó en el Juzgado Penal de 36° Turno y luego será enviado al Parlamento por el Poder Judicial. Ingresará a la comisión de Constitución y Código del Senado, donde el senador blanco ocupa una banca, aunque originalmente fue electo diputado.

Es posible que dicha comisión solicite a la Fiscalía las declaraciones completas de las víctimas y del propio Penadés guardando las reservas de las identidades de los damnificados.