En una audiencia realizada en el Juzgado de Crimen Organizado de 2° Turno, una fiscal adscripta de Estupefacientes de 1er Turno informó a la entonces jueza, María Helena Mainard, que se investigaban excarcelaciones de presos mediante falsos registros de trabajo o estudio presentados por abogados defensores, según lo relataron a El País fuentes judiciales y policiales.

Un recluso puede disminuir su pena si realiza algunas “comisiones”, como se denomina dentro de las cárceles a las tareas de limpieza o cocina. El preso, además, tiene posibilidades de disminuir su pena si estudia.

Al igual que con los certificados médicos apócrifos que se utilizaron para liberar a traficantes de drogas encarcelados, los falsificadores descubrieron que las planillas del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que registran días de estudio o trabajo son muy precarias. Y fácil de adulterar. Por eso, comenzaron a falsificarlas, según dijo otra fuente del caso a El País.

Esos documentos luego van a los juzgados de Ejecución y Vigilancia, que son los destinados al controlar del cumplimiento de las penas de los reclusos. Sin embargo, el elemento clave del problema detectado es que en esas sedes, los magistrados no tienen cómo comprobar si esos registros son verdaderos o falsos. Hasta ahora los daban por buenos.

Luego de recibir las planillas, en base a los números de días trabajados o por estudio, los magistrados reducen las penas de los internos “favorecidos”.

Para tratar de controlar las liquidaciones de penas, la Fiscalía de la Nación posee dichas fiscalías de Ejecución, pero, además, no cubren a todos los juzgados de esa materia del país.

Se trata de una maniobra que, al igual que los certificados médicos falsos para excarcelar narcotraficantes, utiliza los resquicios que brinda el sistema penal para concretar liberaciones.

En la audiencia en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado de 2° Turno, la fiscal actuante relató que un grupo de abogados operaban con el hoy encarcelado, Matías Campero, recluido en la prisión de máxima seguridad Unidad N° 25 imputado de falsificación de documentos y estafas procesales.

Poco después, la fiscal expresó en la audiencia que se investigaban liberaciones fraudulentas de reclusos en Montevideo, Canelones y San José.

En una ocasión, la Fiscalía constató que, en una planilla, un recluso informó junto con su abogado que había trabajado 400 horas en un año cuando en realidad había hecho 200.

Durante esa audiencia en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado de 2° Turno, la fiscal anunció que se estaba por formalizar a la abogada del narcotraficante Miguel Leal, hoy prófugo porque la jueza del caso no ordenó su prisión domiciliaria junto con una tobillera electrónica.

En el pedido de excarcelación solicitado ante la jueza, la abogada del traficante de drogas utilizó documentos falsos que señalaban que Leal padecía enfermedades que no podían ser atendidas en la cárcel. Ello generó que, el 29 de setiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una medida inédita, dispusiera el sumario y el traslado de la jueza.

Miguel Leal estuvo solo tres meses y 15 días en la cárcel cuando debía cumplir una condena de cuatro años y siete meses de penitenciaria tras haber conseguido la excarcelación gracias a certificados médicos apócrifos elaborados por Campero.

A partir de ese hecho, media docena de abogados penalistas declararon en la Fiscalía de Estupefacientes de 1er Turno, cuya titular es la fiscal Mónica Ferrero, secundada por las fiscales Gabriela Fernández (adjunta) y Patricia de Amorín (adscripta).

En forma paralela, el Ministerio del Interior informó, a principios de setiembre del año pasado, que 52 narcotraficantes obtuvieron la prisión domiciliaria por supuestas dolencias. Por lo menos unos 20 fueron reintegrados a prisión.

La fiscales Ferrero, Fernández y De Amorín procuran, en la investigación, precisar cuántos traficantes de drogas fueron liberados utilizando falsificaciones elaboradas por Campero. Pero eso no es todo. En un celular incautado a uno de los indagados, policías especializados encontraron una orden de detención falsa.

Los investigadores desconocen el objetivo de esa orden, pero se sospecha que los delincuentes pretendían hacerse pasar por policías, mostrar la orden y dejar a la persona en libertad a cambio de una suma de dinero.

Tras una orden de la Suprema Corte de Justicia, los jueces penales de todo el país deben analizar caso a caso las prisiones domiciliarias de reclusos por enfermedad.

A partir del 25 de octubre de 2023, las solicitudes de prisión domiciliaria comenzaron a llegar a los juzgados penales de la calle Juan Carlos Gómez junto con historias clínicas de los presos. De esa forma, se pretende evitar que en los expedientes se incluyan certificados médicos falsos. En los legajos hay un código QR donde los jueces tienen una ficha electrónica.

Los magistrados se quejan de que están en “la primera línea de batalla” tomando declaraciones y participando en audiencias, y que “no poseen” un sistema informático que les permita ser inmunes a las filtraciones de un falsificador como Campero.

Por el momento tampoco hay solución en el sistema de seguridad pública sobre fallas en procesos de redención de pena. Por ejemplo, un narcotraficante apresado con una carga de cocaína en un operativo quedó libre en menos de tres años.

Por otra parte, la Fiscalía también pone la lupa de sus investigaciones en expedientes de juzgados de San José y de Canelones donde también se habrían otorgado prisiones domiciliarias con documentos falsos.

En las cárceles se registra a todas las personas que ingresan o egresan con su nombre y su apellido. Sin embargo, los guardias desconocen si la persona que va a visitar al recluso es un contador público donde sugerirá a su cliente estrategias para el lavado de dinero, o un escribano que analizará con el interno nuevos negocios o si es su abogado defensor.

Según dijo una fuente judicial a El País, el sistema de seguridad en las cárceles es antiguo y no prevé nuevas modalidades delictivas.