La Fiscalía de Homicidios de 2^do Turno pidió que se condene a 22 años de cárcel a un joven al que acusan de colaborar en el homicidio de un adolescente, que fue ejecutado a fines de 2023 dentro de su casa en la Cruz de Carrasco, frente a su madre y su hermana. Del crimen participaron otros tres menores de edad, que fueron condenados ya en 2024 por la Justicia de Adolescentes.

El acusado tenía 18 años recién cumplidos cuando ocurrió el homicidio, el 13 de diciembre de 2023. Según la demanda acusatoria que firmó la fiscal adscripta Isabella Pioli, a la que tuvo acceso El País, los condenados tiraron abajo la puerta de entrada de la casa del adolescente de 15 años, al que luego asesinaron.

Todos llevaban armas y la primera escena que vieron al ingresar fue la de una de las hermanas de la víctima, de 17 años, que estaba en el living de la casa junto a su hermano de ocho años, su hermana de cuatro y su propia bebé, de un año, en brazos.

Dos adolescentes —que nunca soltaron sus armas— permanecieron en el living, mientras el adulto y el tercer menor agresor salieron a buscar al joven. Cuando lograron encontrarlo, le gritaron: “¡Ahora sí! ¡Ahora sí”. El adolescente, corrió a los brazos de su madre que estaba acostada en su cuarto con otra de las hermanas de la víctima. La niña tenía siete años.

El menor de edad llegó a tirarse al costado de su madre, donde fue ejecutado: recibió cuatro tiros. Le disparó el menor. El adulto —siempre según la teoría fiscal— se mantuvo con el arma en una de sus manos, en la puerta del dormitorio, fijándose que todo sucediera como lo habían planeado.

Al contestar la demanda, el abogado del acusado afirmó que su defendido “manifiesta haber participado en forma parcial de lo que se le acusa” y prometió que los detalles se darían recién en el juicio oral. De todas formas, adelantó que “discrepa totalmente” con la pena que pidió la Fiscalía que encabeza Mirta Morales.

Las primeras instancias del juicio oral se llevarán a cabo a fines de febrero. Será la jueza Patricia Rodríguez la que defina, en primera instancia, si el acusado es culpable o debe ser absuelto.

Dos de los menores responsables del crimen aceptaron acuerdos abreviados —renunciaron al juicio oral a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena—, pero un tercero sostuvo ser inocente y fue a juicio oral para intentar probarlo. Tras esto, fue condenado por el homicidio a una pena de seis años y medio de internación en un hogar del Inisa. La Fiscalía de Adolescentes había pedido ocho años y medio (el máximo legal es 10 años).

En esa sentencia, cuyo contenido divulgó El País en mayo del año pasado, se daban detalles sobre el motivo del asesinato.

Según los testigos, la víctima era un “protegido” del líder de una banda que había caído preso por tentativa de homicidio el mismo 13 de diciembre, día en el que el menor fue asesinado. Que este hombre hubiera sido encarcelado, significó que el adolescente perdiera la protección y tuviera que volver a la casa de su madre, donde no vivía hacía tiempo.

Incluso, la víctima había estado ese día en la Fiscalía, lo habían llevado a declarar porque estaba en la vivienda donde había sido detenido el líder, en el marco de un allanamiento. Allí el menor de edad contó que estaba siendo amenazado por un adolescente, quien luego fue condenado por haber colaborado en su asesinato.

De hecho, una testigo afirmó que le dijo el mismo día de su muerte: “Vos no podés ir a la Cruz y sabés por qué. Sabés que estos te quieren matar”, le dijo.

Todo surgió —según la sentencia— por el conflicto de dos facciones de una misma familia de narcotraficantes. Cada una tenía un líder que a su vez eran parientes entre sí.

Las dos bandas se conocen por los apellidos. Una de ellas lleva el del adulto encarcelado por tentativa de homicidio. La otra, la del adolescente que quiso ir a juicio por el homicidio del joven de 15 años.