Justicia

Los caseros del mexicano fueron sobreseídos; analizarán juicio al Estado.

El 22 de abril de 2016, el mexicano Gerardo González Valencia llegó al Juzgado Especializado en Crimen Organizado escoltado por una veintena de policías armados a guerra. González Valencia es sindicado en Estados Unidos como integrante del cartel liderado por su hermano Abigail alias "Cuini". Fue detenido cuando se dirigía a recoger a uno de sus hijos en un colegio privado y luego saldría del país, afirmaron jerarcas policiales en ese momento.

Junto con González Valencia fueron detenidas 11 personas, entre ellos familiares directos y un matrimonio que trabajaba como casero.

Según la Policía, el nombre de González Valencia trascendió en el escándalo de los "Panamá Papers" que reveló las sociedades anónimas creadas por el bufete panameño Mossack Fonseca.

El 23 de abril de 2016, el mexicano fue procesado por la Justicia uruguaya por lavado de activos junto con su esposa y otras cinco personas.

El miércoles 27, el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco pidió a la jueza de dicha materia, Beatriz Larrieu, que condenara a González Valencia a una pena de cuatro años de penitenciaria por lavado de activos. Y está pendiente la extradición de González Valencia a Estados Unidos por supuesto tráfico de drogas. El expediente se encuentra en un juzgado del estado de Washington.

En diciembre de 2017, el entonces abogado de González Valencia, Víctor della Valle, dijo a El País que en Estados Unidos no había pruebas que involucraran al mexicano con el cartel supuestamente liderado por su hermano y agregó que su cliente se radicó en el Cono Sur para no ser vinculado a "Los Cuinis" de ninguna forma.

En el escrito, el fiscal Pacheco también acusó a la esposa y al suegro de González Valencia de incurrir, respectivamente, en los delitos de asistencia al lavado de activos y autoría de lavado de activos. Para la esposa pidió una pena de 20 meses de prisión y de 22 meses para el suegro. Ambos ya se encuentran en libertad.

El viernes 29, los actuales defensores de González Valencia, su esposa y el suegro, Gabriela Gómez y Ana Audifred, fueron notificadas de la acusación fiscal. Aún no rebatieron las imputaciones realizadas por Pacheco. No obstante, Gómez y Audifred pedirán los sobreseimientos de sus defendidos por entender que no existen pruebas que los incriminen. Luego de los descargos de la defensa de González Valencia, la jueza Larrieu decidirá si hará lugar o no al pedido fiscal.

En el mismo escrito, Pacheco pidió el sobreseimiento del matrimonio de caseros que trabajaba para González Valencia.

Uno de los abogados del matrimonio, Andrés Ojeda, dijo a El País que la pareja pasó situaciones lamentables como "una prisión injusta" y afrontar "una difícil situación" con hijos pequeños. "Queda abierta la vía civil para reclamar por la prisión indebida", advirtió Ojeda.

Gerardo González Valencia fue encarcelado en el módulo 12 del Comcar, un centro de alta seguridad. Luego fue transferido a una unidad policial porque se temió un posible intento de rescate o que atentaran contra su vida.

Según la Policía, González Valencia y su familia llegaron a Uruguay en 2011. Se instalaron en una mansión en Punta del Este. Luego se trasladaron a un hotel en Montevideo, donde se encontraban al momento de la detención.

El uso del Guardián y de escuchas telefónicas

El 29 de abril del 2016, el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, afirmó que el uso de El Guardián había sido clave para detener a Gerardo González Valencia. "Hubo toda una discusión a nivel público sobre las interceptaciones telefónicas y El Guardián. Pues bien, las escuchas telefónicas permitieron determinar con precisión el accionar de este individuo". Los dichos del Fiscal de Corte generaron sorpresa en el mundo judicial, donde se tenía entendido que el poderoso software aún no se podía utilizar. Posteriormente, Díaz aclaró que no se refería a El Guardián, sino al "sistema integral de escuchas". El Guardián comenzó a funcionar días más tarde. Es un moderno programa de interceptación de llamadas que funciona en la órbita del Ministerio del Interior y la Justicia. Requiere aval judicial.