Redacción El País
La fiscal de Pando de 1^er Turno, Silvia Blanc, pidió 30 años de cárcel para Humberto Radiccioni a quien acusa de haber matado a disparos a los dos socios minoritarios de la empresa ticholera de la que eran dueños. Las víctimas fueron Pablo Bruzzone (45 años) y Jorge Percovich (30 años). El crimen ocurrió en setiembre del año pasado en la zona de Empalme Olmos y desde entonces el homicida espera el juicio oral en su domicilio, producto de que padece la enfermedad de Parkinson.

En la demanda acusatoria, se expone que luego de cometer el crimen, Radiccioni —padre del diputado Javier Radiccioni— le dijo a policías que lo detuvieron que había habido una "fuerte discusión" porque las víctimas "tenían una deuda de dinero pendiente con él", informó El Observador y confirmó El País, que tuvo acceso al documento. El acusado sorprendió a las víctimas cuando estaban trabajando en un ómnibus que funcionaba como oficina de la fábrica de ticholos. Radiccioni vivía en el mismo terreno, en una construcción al frente.

Así fue que, según la Fiscalía, discutió brevemente con las víctimas y les disparó desde una distancia de dos o tres metros. Después salió del ómnibus, llamó al 911 y alertó que le había disparado a dos personas, pero luego intentó esconder el arma cerca del portón de ingreso al terreno.

Mientras tanto, Percovich, que todavía estaba vivo, tomó su teléfono y llamó al 911 pidiendo auxilio. Esa llamada fue divulgada públicamente y en ella se escuchan disparos de fondo.

Uno de los trabajadores de la fábrica que declarará en el juicio aseguró en sede de Fiscalía que la relación entre los socios era de "un tire y afloje". La sociedad se fundó en el año 2020, Radiccioni tenía el 50% de las acciones y las dos víctimas 25% cada uno.

El perito psiquiatra que evaluó al acusado señaló que podía entender el carácter de sus actos y, por otra parte, "impresiona ser una persona irascible e irritable".

Así, la fiscal pidió que, tras el juicio oral, se lo condene a 30 años de cárcel por la autoría de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y por haberse cometido con un arma de fuego.

Una de la familia de las víctimas es representada por el exfiscal de Corte Jorge Díaz y Florencia Mazzei, quienes han presentado reiteradas solicitudes para que Radiccioni espere el juicio en prisión, argumentando que su condición puede ser tratada en el establecimiento penitenciario.