La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3^er Turno, a cargo de Gilberto Rodríguez, pidió que se condene a tres años de cárcel al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, según surge de la demanda acusatoria a la que accedió El País. Lo acusan de haber cometido el delito de apropiación indebida y el de insolvencia societaria fraudulenta.

El principal cargo es el último y fue incluido en la imputación hace dos meses. La Fiscalía, que además de Rodríguez está compuesta por Gabriela Gómez y Silvia Monzón, sostiene que Iglesias retiró US$ 180 mil, de los que aún se desconoce su destino. Se levantó el secreto bancario de sus cuentas personales y el dinero nunca ingresó allí.

La fiscal Gómez, que es quien firma la acusación, indicó que en febrero de 2021 Casa de Galicia suscribió un contrato de préstamo con 20 personas físicas. De allí obtendrían US$ 480 mil para “financiar actividades privadas propias de su giro”. Parte de ese dinero US$ 180 mil serían depositados en una cuenta del BROU a nombre de Cambistar S.A (un cambio cuyo titular es Marcelo Bonanata).

Iglesias retiró ese dinero, pero en lugar de en dólares, en pesos uruguayos. Según Fiscalía, a partir de allí cambió varias veces de versión sobre lo que había sucedido con el dinero. Primero, señaló que se lo había dado a un funcionario de la mutualista que se suicidó dos días después de la intervención del Poder Ejecutivo.

Luego, dijo que lo había utilizado para pagarle a acreedores de Clínicas Leborgne, que era 51% de Casa de Galicia y 49% de Juan Carlos Lousada y otro privado. Ese dinero habría sido destinado al pago de cuatro acreedores, pero cuando la Fiscalía quiso ver la trazabilidad de dinero —afirma el Ministerio Público— todo había sido abonado con cheques y transferencias interbancarias y no con el efectivo que tenía Iglesias.

Más tarde, según expusieron los fiscales, Iglesias argumentó que él había depositado el dinero en una cuenta de la mutualista.

"No importa para la comisión del delito que el imputado Iglesias no se haya quedado personalmente con dinero". Sino que, "por sí y ante sí", argumentaron los fiscales, haya resuelto "realizar pagos que personalmente entendía adecuados, sustituyéndose a los canales correspondientes de la institución". "Justamente el mal manejo financiero de Casa de Galicia conformado por gestiones de pagos absolutamente arbitrarios y sin el menor control contable y financiero, fue entre otros factores, lo que llevó al estado de disolución y concurso", indicaron los magistrados en la demanda.

Por otra parte, lo acusan de insolvencia societaria fraudulenta. Ello, basado en que Iglesias ya sabía que iba a llamar a concurso voluntario, cuando ordenó el pago a seis acreedores, lo que alteró la masa concursal. Una de ella la instruyó incluso el mismo día. Los beneficiarios fueron Juan Carlos Lousada, de la comunidad gallega, y Marcelo Bonanata, histórico prestamista de Casa de Galicia y cuatro empresas: Tera S.A, Bioerix S.A, General Electric y Gladil S.A. Esto, sostiene la demanda, generaba un "riesgo económico" de más de 2 millones de dólares.

De esta maniobra no había registro en papel, sino que fue descubierto por el síndico que intervino una vez la Justicia llamó a concurso.

El síndico logró revertir cinco de las seis “órdenes irrevocables” que había dado Iglesias, por lo que la mayoría no pudo hacerse del dinero. Las deudas de Casa de Galicia con los nombrados no estaban próximas a vencer cuando el pago fue ejecutado por el entonces presidente, lo que, para la Fiscalía deja en evidencia que se buscaba alterar el orden de los acreedores.