Carlos Reyes, fiscal que se ocupa de los casos del viejo Código del Proceso Penal (CPP), se reunió el jueves 6 con un grupo de trabajo creado por la Cámara de Comercio para buscar soluciones al creciente problema de las personas en situación de calle. Según ellos, esta situación está afectando a locales situados en el Centro, Colón y Paso Molino.

En el grupo, integrado por delegados de organismos públicos y empresarios, Reyes trasmitió que las malas conductas de las personas sin hogar, que deambulan y duermen en las entradas de los comercios, se rigen bajo el sistema de faltas y no de delitos.

Reyes explicó, además, que ese tipo de conductas son analizadas bajo la mirada del viejo sistema penal (inquisitivo), donde el juez es el que tiene competencias en las actuaciones. Además de los tres representantes del Ministerio Público, en el grupo de trabajo hay delegados de la Policía, Ministerio de Desarrollo Social y empresarios.

Reyes dijo a El País que comenzó a participar en las reuniones del equipo para interiorizarse sobre los problemas que vienen afectando a los distintos comercios. Explicó que, en ocasiones, estas personas podrían incurrir en faltas al actuar bajo los efectos de drogas y la Justicia los podría condenar a cumplir trabajos comunitarios.

“Me estoy interiorizando sobre el tema”, dijo Reyes en alusión a la reunión que mantuvo con los comerciantes y delegados de otras reparticiones estatales.

El 3 de mayo de este año, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay convocó a una mesa de diálogo con autoridades nacionales y municipales para abordar la preocupación que existe de parte de las gremiales asociadas, de la Asociación Civil Grupo Centro y la Asociación Comercial del Uruguay, por la afectación que dicen padecer los comercios ubicados en el Centro, Colón y Paso Molino.

“Nuestros socios dicen que la cifra (de personas en situación de calle) se ha incrementado. Que es un impacto que se está dando hoy. Queremos trabajar (con instituciones públicas) para poder ayudar de alguna manera”, dijo en esa ocasión a El País el presidente de dicha cámara, Julio César Lestido.

Foto: Fernando Ponzetto

En el encuentro participaron jerarcas de los ministerios del Interior y Desarrollo Social y Turismo, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Jefatura de Policía de Montevideo, la Dirección Nacional de Aduanas y el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Durante la reunión, se manejó que en las principales avenidas comerciales de Montevideo hay unas 1.000 personas que viven en la calle.

Los participantes del encuentra relataron casos sufridos por los comerciantes, que a diario observan a personas que duermen o piden dinero en las puertas de sus locales.

Según la Cámara de Comercio y Servicios, desde hace un tiempo se advierte que la situación empeoró y que ya genera problemas para los comerciantes de esas zonas como inseguridad, dificultades para la limpieza, venta ambulante informal y deterioro general, entre otras cuestiones.

En la conferencia interinstitucional, se acordó la creación de un grupo de trabajo más chico para analizar el problema y elaborar distintas estrategias con el propósito de alcanzar una solución a este problema.

Durante el encuentro del grupo realizado la semana pasada, los comerciantes reconocieron a las autoridades estatales que las medidas a aplicar no cambiarán la realidad de la noche a la mañana.

“En la reunión de esa mesa chica se trató de que el sector privado entendiera bien el problema de las personas sin hogar que pernoctan en avenidas comerciales”, dijo Lestido. Y agregó que los comerciantes tomarán medidas de prevención para que esas personas carentes de un hogar incurran en delitos.

¿Cómo se manejarán esas situaciones conflictivas? Lestido respondió que los comerciantes ya saben qué deben hacer y a quién llamar en caso de enfrentar una situación violenta protagonizada por una persona en situación de calle que se estableció en la entrada de un comercio.

“Muchas veces las herramientas (que brindan las leyes) están y lo comerciantes las desconocemos”, explicó el presidente de la Cámara de Comercios en alusión al objetivo de las reuniones del grupo.

Foto: Archivo El País.

Explicó que estas medidas pasan por coordinar acciones entre el sector público y privado para poder resolver el problema y también ayudar a esas personas que viven en la calle.

Los comerciantes, sostuvo Lestido, no pretenden solucionar por sí solos esa problemática social sino ayudar a instituciones aportando ideas y entendiendo el problema.

El Parlamento aprobó el mes pasado modificaciones al régimen de internación compulsiva. La norma, que comenzará a regir “a los 90 días desde su promulgación”, le otorga al Mides la potestad de “solicitar al prestador de salud correspondiente y/o a distintos centros de atención médicos la hospitalización de personas que se encuentren en situación de intemperie completa, aún sin que éstas presten su consentimiento, siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”.