CONCLUSIÓN DE FISCALÍA

"Se olvidaron de nosotros”, había dicho uno de los dueños de Friopan a El País en setiembre de 2020. Había pasado más de un año desde que un grupo de más de 30 sindicalistas había ocupado la planta de la empresa familiar de productos congelados, generando pérdidas millonarias.

A partir de ahí comenzó una lucha legal en la que los dueños de la empresa denunciaron penalmente a los ocupantes y entregaron a la Fiscalía las filmaciones de lo ocurrido durante los cuatro días de ocupación, entre el 24 y 28 de mayo de 2019, para que la Justicia determinara responsabilidades.

Silvia Pérez, fiscal de Flagrancia de 3º Turno, quedó a cargo de la investigación, pero luego de casi dos años decidió archivar la causa al entender que no surgían pruebas de ninguna actividad delictiva durante la medida sindical.

Sin embargo, los abogados de la empresa, Andrés Ojeda y Fernando Posada, pidieron un reexamen de la causa y en febrero de este año se les concedió.

El expediente cayó en manos del fiscal de Flagrancia de 2º Turno, Carlos Negro. El representante del Ministerio Público solicitará ahora que se formalice a nueve personas que participaron de la ocupación.

Según indicaron fuentes del caso a El País, Negro concluyó que los trabajadores sindicalizados cometieron un delito de daño especialmente agravado durante la ocupación.

Fue a raíz de versiones de que la empresa había adquirido nueva maquinaria, y a partir del temor de que algunos empleados perdieran sus puestos de trabajo, que el 24 de mayo el sindicato de trabajadores de Friopan decidió ocupar la planta.

Una vez dentro omitieron, al entender de la Fiscalía, tomar recaudos para preservar la gran cantidad de mercadería que se estaba produciendo y que había en las máquinas.

Cuando terminó la medida sindical, los productos estaban en estado de putrefacción y los dueños sufrieron importantes pérdidas económicas.

En una denuncia penal presentada por Ojeda y Posada, una escribana detalló los daños que se causaron en los cuatro días de medida gremial. Entre estos, destacó: 1.120 panes de baguette, 480 bollos de masa en putrefacción, un estimado de 600 kilos de masa en descomposición dentro de las máquinas, y 100 miñones en cajas. Estos fueron solo algunos de los productos que se especificaron en una larga lista de la denuncia.

El valor estimado de la pérdida que sufrió la elaboradora de panificados congelados, se detalló, fue de $ 940.881. Además, según habían señalado sus dueños a El País, también perdieron clientes porque la empresa no pudo cumplir con los pedidos.

Fuentes del caso dijeron a El País que Negro entendió que hubo daños económicos, además del “sufrimiento” de los trabajadores y sus familiares por las decisiones sindicales. El fiscal concluyó que nueve de los trabajadores que participaron de la ocupación dañaron dolosamente la mercadería de la empresa, por lo cual solicitará contra ellos el inicio de una investigación penal.

El fiscal ya solicitó que se fije una audiencia para exponer ante un juez sus argumentos sobre la responsabilidad de los trabajadores. Negro considera que hay elementos suficientes para imputar el delito de daño especialmente agravado, según los informantes.

“Se sienta un precedente enorme”, dijo a El País el abogado Andrés Ojeda sobre el pedido de formalización. El penalista advirtió que “los derechos sindicales de los trabajadores están intactos, dejando bien claro que no todo vale en el marco de una ocupación de un lugar de trabajo y que los delitos se persiguen y se castigan donde sea que se cometan”.

“Debemos también destacar la calidad y celeridad del trabajo del fiscal Carlos Negro”, agregó Ojeda. Ahora la Justicia será la encargada de expedirse sobre el caso y determinar, a dos años de la ocupación, si hubo o no un delito de daño especialmente agravado.