La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios y la diputada del MPP Bettiana Díaz presentaron un habeas corpus correctivo ante la Justicia. Pidieron que se le exija al Ministerio del Interior que, a los reclusos de todas las unidades, “se les asegure la privación de su libertad, en condiciones de no hacinamiento, de acceso a la alimentación básica, a la salud, a no sufrir violencia física ni psíquica”. También, indicaron que es necesario que el estado declare el “estado de emergencia nacional carcelaria”, según consta en el escrito al que accedió El País.

Esto implicaría que se aseguren “recursos económicos, materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de las responsabilidades del Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad”. En el petitorio, solicitaron también que se garantice “el acceso a agua potable, salidas a patio con los mínimos establecidos por las normativas internacionales, trabajo, estudio, proyectos, y régimen de visitas entre otros derechos fundamentales”.

Para ilustrar la situación, presentaron una serie de cifras, entre las que se encuentra la distribución de funcionarios penitenciarios civiles (no policiales) por cárcel y la cantidad de presos que hay en ella. En el escrito, presentado por el abogado Juan Raúl Williman, establecen que actualmente hay 16.033 presos y —de acuerdo a un registro del mes de enero— 1.375 funcionarios civiles, que a su vez se reparten entre tres y cuatro turnos. “En definitiva en trato directo (convivencia) queda una guardia efectiva de uno a tres operadores para, mínimo, 180 personas privadas de libertad”, indicaron.

Al abordar el eje de la alimentación, expusieron que en la mayoría de las unidades, a la alimentación la denominan “Rancho” y es “fideos con agua y verduras”. Hicieron énfasis en que el presupuesto anual para alimentación estimado es de $ 473.000.000, esto es, $ 83 por preso por día. El comisionado parlamentario había señalado en su último informe que el presupuesto era de $ 88 por preso.

Por la organización, se presentaron judicialmente Jonatan Perdomo, el presidente, y Sandra Pereira, la secretaria general. Pero también lo hizo la diputada Díaz, que es vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria.

Consultada por su participación, Díaz explicó que el escrito lo formularon “en cooperación” con la asociación dado que se obtuvieron “muchos datos” en la interpelación al ministro Nicolás Martinelli y en el ámbito de la Comisión de Seguimiento Carcelario.

En el escrito se solicita la declaración de emergencia carcelaria y sobre este punto, dijo Díaz, las propuestas del Frente Amplio en caso de ser electo son “el abordaje del trabajo en adicciones, que tiene que ver con los planes de tratamiento, el aumento de funcionarios y, por ejemplo, incluso, abordar el problema del analfabetismo”.

El caso fue asignado al turno del juzgado penal de la jueza Blanca Rieiro. La prueba ofrecida por los denunciantes son las declaraciones del Comisionado Parlamentario Penitenciario Juan Miguel Petit y el director del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Mendoza.