Las defensas de Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín hicieron su tercer intento, desde que fueron imputados hace un año, para conseguir que sus clientes esperen el juicio oral en arresto domiciliario. Sin embargo, la Fiscalía que lidera Alicia Ghione logró convencer –esta vez a una nueva jueza, María Noel Odriozola– de que la única medida que podía salvaguardar el proceso y a las víctimas era la prisión preventiva.

De todas formas, es la primera vez que no se les concedió la medida tal cual como la solicitaron. Habían pedido seis meses más de cárcel y la jueza otorgó poco más de cuatro. La medida vence el 6 de febrero y ahí deberá fijarse una nueva audiencia para evaluar si vuelve a extenderse o no. La jueza entendió que "siguen latentes" los riesgos de entorpecer el proceso y los riesgos para las víctimas sobre las que todavía restan diligencias como, por ejemplo, las pericias psicológicas.

El debate por la prisión preventiva fue uno de los más álgidos y, tras resolverse la extensión de la medida, la abogada de Penadés, Laura Robatto, le dijo a la jueza Odriozola que no apelaría la medida porque “no hay garantías”. La defensora de Mauvezín, Daiana Abracinskas, le recriminó que haya decidido no escuchar unos audios que pretendió reproducirle. La jueza lo negó por entender que no era momento de valorar la prueba.

Durante el debate, la Fiscalía argumentó –respecto del exsenador– que en su caso los riesgos para la causa y para las víctimas no habían sido una proyección –como prevé el Código– sino que se habían concretado a través de “la trama” que buscaba identificarlos y amedrentarlos. En el caso de Mauvezín, sostuvo que aún queda por dilucidarse si él estaba vinculado o no a la trama, pero sin dudas su arresto domiciliario significaría un riesgo, advirtió.

Sobre este último punto, que fue uno de los más controvertidos, Soledad Suárez, abogada de las víctimas por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), agregó que el Código del Proceso Penal habla de riesgos para el proceso que puedan proyectarse a raíz de cuestiones concretas. Así, argumentó: “Mauvezín no es Penadés, pero era ‘el hombre de atrás’, dijo parafraseando al Tribunal de Apelaciones, “y se está jugando mucho frente a una persona muy poderosa como Penadés”, indicó.

Los defensores de Penadés, por su parte, reivindicaron el derecho de los imputados de esperar su juicio en libertad e insistieron en que no había más riesgo de que su cliente dañara el proceso. “La causa de Penadés es muy pública, a su edad, sin trabajo ¿a dónde va a ir?”, fundamentó Robatto y advirtió que sufre la “virulencia mediática” y el “linchamiento popular”. "No es que va a salir armado a matar a matar gente", agregó Guerrero.

A su vez, Robatto volvió a criticar el hecho de que el exsenador “desconoce” a quienes lo denuncian: “La reserva de la identidad de las víctimas, a esta altura, (...) solo busca entorpecer la labor nuestra (...) Este es el peor proceso inquisitivo en el que yo he actuado en 25 años. Nunca vi algo así. Está generando un precedente espantoso”.

Captura de transmisión de la Asociación de Prensa Uruguaya (APU)

En determinado momento, el abogado de las víctimas por el Consultorio de la Udelar, Juan Raúl Williman, pretendió demostrar el rol activo que Penadés tenía en “la trama” y citó un chat de mayo de 2023 con el director de Fiscalizaciones de la Dirección General Impositiva. En él, el exsenador le pide saber la titularidad de una sociedad anónima, que es la de una rentadora de autos a la que una víctima le alquiló un vehículo. “Me encargo, dale. No es molestia. Estamos para eso”, le contestó el jerarca.

Esta es “información amparada en el secreto tributario. A cualquier mortal no se la dan”, enfatizó Williman.

La defensora de Mauvezín, Abracinskas, hizo hincapié en que a su juicio su cliente “no tiene nada que ver con la trama” y que no tiene poderío económico como para entorpecer la causa. Además, se dio un tenso cruce con Ghione, a quien acusó de “mentirosa”, puesto que –según Abracinskas– en una reunión privada en Fiscalía le había reconocido que su cliente no tenía “nada que ver” con esa parte de la causa.