El abogado de Ancap, Gustavo Bordes, solicitó a la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, acceder a un reciente informe enviado por Brasil sobre la eventual injerencia de un jerarca del equipo del gobierno de Dilma Rousseff a la gestión del entonces presidente José Mujica para que contratara a la compañía OAS en la obra de regasificadora de Gas Sayago.

En 2016, el entonces diputado blanco Pablo Abdala presentó en el Parlamento un escrito de la justicia brasileña donde un empresario denunció que el exministro de Industria del gobierno brasileño, Fernando Pimentel, hizo gestiones ante Mujica para lograr que la empresa brasileña OAS fuera contratada para realizar la obra, cosa que finalmente ocurrió.

OAS fue investigada en Brasil por pagar “coimas” a dirigentes políticos brasileños a cambio de licitaciones de obras públicas.

El reciente documento firmado por Bordes y elevado a la jueza Mainard, señala que el pasado 24 de mayo se enteró por trascendidos de prensa que el fiscal Luis Pacheco pediría a Mainard el archivo del expediente sobre eventuales irregularidades en Gas Sayago.

Sin embargo, sostuvo el abogado penalista, hasta la fecha no ha podido acceder al dictamen fiscal ni conocer directamente los fundamentos de dicha solicitud.

En su escrito, Bordes se quejó ante Mainard de que “reiteradamente” solicitó el diligenciamiento de pruebas, pero que no han sido atendidas hasta la fecha.

El profesional sostuvo que tampoco pudo acceder a una prueba de trascendental importancia: la respuesta del exhorto -pedido de informaciones- llegado desde Brasil, el cual es muy voluminoso, ya que cuenta con casi 300 páginas.

El pedido de exhorto fue enviado a Brasil por la Fiscalía en forma insistente para conocer si, en su mandato anterior, se solicitó al gobierno uruguayo de la época la contratación de OAS.

“Dada la importancia del documento (el material enviado por Brasil) es imprescindible para que la denunciante, Ancap, conozca la totalidad de su contenido”, advirtió Bordes en su escrito.

El penalista dijo que se efectivizó el contrato con OAS en dos ocasiones pese a que dicha empresa “no reunía los requisitos mínimos, ni contaba con experiencia suficiente para la obra”, tal como lo sostuvo el estudio Posadas-Posadas-Vecino al pronunciarse sobre consulta solicitada por el directorio de Ancap.

Obviamente, ello acarreó la consecuencia lógica: OAS “incumplió reiterada y sistemáticamente” con sus obligaciones contractuales, dijo Bordes. “Una muestra más de arbitrariedad: Gas Sayago no rescindió el contrato (con OAS), contentándose con apenas cobrar la multa respectiva. Cabe señalar que la misma no llegó a efectivizarse puesto que OAS se declaró en quiebra y por añadidura mantiene una reclamación por más de US$ 30.000.000 contra Gas Sayago”, recordó Bordes.

A juicio del abogado penalista en la gestión de Gas Sayago existieron otras irregularidades en contrataciones. El acuerdo celebrado con Gdf Suez Energy Latin América Participaciones Ltda., fue fruto de una “licitación privada internacional”, de la cual “se desconocen absolutamente” otros datos. “Nuevamente la falta de transparencia y el apartamiento de las reglas es evidente”, dijo Bordes en su escrito elevado a Mainard.

Sostuvo que en 2016, se insistió con un “Plan de Reposicionamiento”, en la búsqueda de “nuevos socios”, a pesar de que ese mismo año el consorcio SDC Brasil y SDC Waterway informaron a Gas Sayago que no podían continuar con el dragado acordado.

El abogado penalista sostuvo que, de acuerdo a la “fragmentaria información” con la que cuenta, el fiscal Pacheco habría concluido en su dictamen que de la investigación no surgen elementos que permitan inferir que el accionar de los denunciantes fuera causar intencionalmente un daño al Estado. Por otra parte, dijo Bordes, el fiscal habría entendido que los eventuales partícipes no revisten la calidad de funcionarios públicos, puesto que Gas Sayago es una empresa regulada por el derecho privado.

El abogado de Ancap discrepó “diametralmente” con las afirmaciones del fiscal Pacheco por entender que el delito en el que presuntamente encuadran las conductas desplegadas por los responsables de Gas Sayago está previsto en el artículo 162 del Código Penal: “Abuso de Funciones en los casos no previstos especialmente por la ley”.

Según el profesional, se entiende que ha quedado probado el abuso de funciones por parte de los funcionarios públicos que integraban en representación de Ancap y UTE el directorio de Gas Sayago, sin ninguna duda, funcionarios públicos.

Lo cierto, expresó Bordes, es que los resultados de la auditoría demuestran que el proyecto de la regasificadora Gas Sayago representó una pérdida para UTE y Ancap que ronda los US$ 250 millones, suma a la que deben adicionarse los costos relacionados con desmantelamiento de obra, juicios pendientes y deudas.