Redacción El País
El caso de República Ganadera tuvo un giro en las últimas horas. El Juzgado Letrado de Concurso de Segundo Turno decidió archivar el concurso voluntario, que tiene como una de sus principales características la permanencia de las autoridades de la empresa al mando.

Ahora los abogados de los inversores buscan que la Justicia declare el concurso necesario, que implica el desplazamiento de las autoridades y la disposición de un síndico que toma las principales decisiones, un esquema como el que atraviesa actualmente Conexión Ganadera. Sin embargo, en caso de tomarse, esa será una decisión incluida en otro dictamen.

Entre los argumentos que incluyó el juzgado en su decisión de archivar el concurso se indicó que "no se ha cumplido, en la gestión voluntaria iniciada, con los requisitos legalmente previstos" y no se señaló "el lugar de ubicación de los bienes con un criterio de razonabilidad".

Además, se consideró "la ausencia de confiabilidad de la documentación contable presentada".

Esto porque, durante el concurso voluntario, los representantes de la empresa debían presentar estados contables y demás documentación que, según la Justicia, no se hicieron como se debía.

Foto: Fernando Ponzetto.

El abogado Juan Pablo Decia, defensor legal de algunos de los inversores damnificados, contó a El País que el concurso voluntario fue solicitado por la empresa en diciembre del año pasado y "desde el primer momento hubo omisiones en la presentación de cuestiones formales que son básicas y de orden" si se persigue la intención de "reorganizar la empresa".

A su entender, los responsables de la firma tuvieron "una finalidad dilatoria" para "evitar que los desplacen de los órganos de dirección de la empresa e ir tomando medidas que los ubiquen mejor a ellos".

Otro de los abogados, Santiago Alonso, declaró a El País que "la conducta de República Ganadera era previsible" y que "pretendieron hacer creer su buena fe respecto a un eventual acuerdo con los acreedores y lo dilataron durante meses, pese a los apercibimientos del juzgado".

"No hay duda alguna de que deberá entonces decretarse el concurso necesario de inmediato, sin perjuicio de lo que siga diligenciándose en Fiscalía para determinar sus eventuales conductas penales", manifestó.

Ya en el expediente se está tramitando una solicitud de concurso necesario y el juez deberá resolver.

En paralelo, en el marco penal, días atrás el juez de Crimen Organizado Fernando Islas dispuso el cierre de fronteras para los directores de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio. La medida regirá hasta el 22 de agosto de 2025.

La imposición se hizo a pedido del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez. El cierre de fronteras implica que Jasidakis y Mussio no pueden salir del país y deben entregar sus documentos de viaje.

A fines del año pasado, República Ganadera reconoció una deuda de US$ 85 millones.