Redacción El País
La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay brindó este lunes una conferencia de prensa en respuesta a los "graves señalamientos a la Fiscalía y sus fiscales", tras las críticas que han surgido desde el sistema político hacia la fiscal Stella Alciaturi que investiga el caso del exintendente Guillermo Besozzi, acusado de diversos delitos cometidos en Soriano.

"Es inadmisible y totalmente reprobable que cada vez que se investiga al poder surjan ataques sistemáticos a nivel personal e institucional con acusaciones carentes de evidencias", indicó el presidente del gremio, Willian Rosa. Según Rosa, el espectro político busca transmitir a los fiscales una advertencia: que tengan "cuidado con lo que hacen en investigaciones de corrupción".

A la asociación le preocupa que sean estos mismas figuras, que cuestionan a la Justicia, las que luego tienen poder de decisión en el presupuesto de la Fiscalía y en la designación del Fiscal de Corte.

"A raíz de esta situación ampliaremos la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya que se reafirma lo planteado en su momento en junio", anunció Rosa.

La denuncia a la que hacen referencia es la presentada por el gremio cuando se dio la filtración de mensajes entre el expresidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y el exsenador Gustavo Penadés, dialogando sobre la fiscal Alicia Ghione ya que, luego de esto, hubo "senadores fustigando duramente" a los fiscales.

Foto: captura de pantalla de Impacto Noticias.

Varios dirigentes de peso del Partido Nacional cuestionaron a la fiscal al mando de la investigación, y luego el Directorio blanco como tal emitió una declaración de respaldo a Besozzi, en donde aseguró que su candidatura a la Intendencia de Soriano sigue en pie. En ese escrito también se cuestionó el proceso.

Este fin de semana el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que ahora prima "la presunción de inocencia, que la tiene todo el mundo, incluso siendo formalizado". Esto porque aún falta para el juicio en el que se determinará si hay condena.

Sin embargo, cuestionó el accionar de la fiscal. "Me sorprendió que lo detuvieran, me pareció que no era un caso para detención", dijo y agregó que "si el objetivo era la incautación del celular", podría haberse hecho "directamente", y que tampoco había "riesgo de fuga".

"Tampoco hay riesgo de fuga para una tobillera y arresto domiciliario. Hay casos con mucho más riesgos de fuga que a veces no tienen ni la mitad de estas medidas", indicó en la rueda consignada por Telemundo, y agregó que han ocurrido "cosas al menos extrañas".

En diálogo con El País, Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, dijo que es necesario "esperar el resultado" antes de establecer la responsabilidad o no de Besozzi, y "como siempre, el principio de inocencia es el que vale" previo a la condena.

"Lo que sí llama la atención es el procedimiento realizado por la fiscal, la velocidad con que se produjo, siendo la primera actuación con respecto a una causa que llevaba tanto tiempo", manifestó Mieres.

Además, señaló que "más allá del caso Besozzi, hay que decir de una buena vez basta a las filtraciones". "No puede ser que actuaciones que son reservadas y deben mantenerse en reserva, en ciertas causas salgan publicadas al día siguiente y que no haya en la Fiscalía una investigación exitosa" sobre quién es el responsable, lamentó.

"Ha habido filtraciones muy graves sobre muchos asuntos, y me importa muy poco de qué signo político sea el involucrado. Es una práctica que es delictiva. Hay funcionarios que están cometiendo delitos y que sin embargo se reitera y continúa impune. No puede ser que haya un show paralelo. No puede ser que dentro de Fiscalía sobrevivan y actúen impunemente funcionarios corruptos", añadió.

El País intentó contactarse con Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, para conocer su opinión, pero no obtuvo respuesta.

La fiscal Alciaturi, que investiga el caso que involucra al exintendente Besozzi y otros funcionarios de la Intendencia de Soriano, dio detalles de la situación este lunes y se defendió de los que "le han faltado el respeto a la institución", en referencia a la Fiscalía General de la Nación, criticada en las últimas horas por diversos dirigentes del Partido Nacional.

La magistrada indicó que "nunca se obtienen formalizaciones ni medidas cautelares de ningún tipo" sin el aval de un juez, y se defendió de las críticas por la cercanía temporal de la imputación con las elecciones departamentales de mayo, en las que Besozzi va por la reelección como intendente.

"Hace cinco meses hacía una elección nacional. Hace cuatro, un balotaje. En todas las ocasiones hubieran dicho lo mismo y hubieran responsabilizado a la Fiscalía de cualquier resultado adverso que tuvieran, porque esa es la técnica", dijo en diálogo con Informativo Sarandí y agregó que esos cuestionamientos suelen llegarle cuando debe "investigar a personas vinculadas al poder, sea del lado que sea".

Por otro lado, destacó que "el viernes se acercaron un par de funcionarios más que querían denunciar cosas que antes no se animaban". "Sabemos la capacidad de dañar que tienen determinados grupos de poder, y estamos enfrentando eso", señaló.

Foto: Darwin Borrelli/Archivo El Pais

A su vez, Alciaturi se refirió a los dichos de Besozzi este domingo en conferencia de prensa, cuando aseguró: “No toqué nada para mí”.

"Él decía 'yo no me quedé con nada'. En algunos casos se naturaliza de tal forma que los políticos pierden la conciencia de hasta dónde se puede ser generoso con los dineros de los contribuyentes y dónde hay que poner un cierto límite", lanzó la fiscal.

También se refirió al motivo de la detención el pasado jueves y por qué se optó por esa vía y no por una citación en un juzgado. "Necesitábamos incautar todos los teléfonos celulares de estas personas porque entre todos los hechos evidenciaban que estaban tratando de obstaculizar la investigación. En varias oportunidades expresaron 'me están escuchando, escribime por WhatsApp'", dijo y explicó que así se intentó "buscar otro tipo de evidencia que estuviera en otro soporte que no fuera una llamada telefónica".

Por otro lado, dijo que "en otras ocasiones" hubo experiencias de que la citación "no resulta efectiva porque el imputado no concurre e inventa excusas para hacer tiempo y elaborar otras estrategias".

"Me pasó en el caso del exintendente Bascou", dijo en referencia a Agustín Bascou, también exintendente de Soriano procesado. "Llegamos a la puerta del juzgado para hacer la formalización y había acudido su defensa, el doctor (Juan) Fagúndez, alegando que no podía venir. Pasan esas cosas, y había que evitar todo eso", recordó.

Los teléfonos de los involucrados en este caso comenzaron a intervenirse a raíz de una investigación que surgió luego de un incendio en un teatro municipal en donde funcionaba una oficina de Adeom.

"La historia es demasiado larga", dijo y señaló que empezó en ese incendio que ocurrió en 2021, de donde surgieron "hallazgos inevitables". "Todavía no ha terminado, hay un montón de hechos que están por ser investigados", manifestó.

Ese incendio los bomberos interpretaron que había sospechoso, y luego de las pericias afirmaron que fue "provocado". El objetivo del incendio, según revelaría más tarde la investigación, fue destruir documentación que comprometía a los funcionarios.

"Por eso se empieza a investigar a la gente que trabajaba en esa oficina, cuatro o cinco personas vinculadas al gremio y dos o tres personas que habían sido cedidas en comisión por la intendencia", describió. Comentó que la fiscal que estaba al mando en ese momento decidió pedir la intervención telefónica de uno de los dirigentes de Adeom, y advirtió "que había que tener cuidado con esa comunicación porque había un diálogo con el intendente que parecía por lo menos extraño".

"A partir de eso se empieza a investigar un poco este tema", pero "todos dejaron de hablar" por teléfono.

La presunta coordinación entre los involucrados fue, según Alciaturi, uno de los motivos por los que se pidió la detención y no la citación a un juzgado: "Había que hacer todo al mismo tiempo y evitar comunicaciones entre ellos".

Besozzi fue intendente en tres períodos. Los primeros dos entre 2005 y 2015, y luego entre 2020 y 2025. Recientemente abandonó el cargo para competir por la reelección. El pasado jueves fue imputado y enviado a prisión domiciliaria a la espera del juicio.

Las acusaciones son por varios delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, coautoría de un delito de cohecho calificado y reiterados delitos de abuso de funciones.