En un comunicado interno, dirigido a los afiliados al gremio, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) manifestó “muchísima preocupación” por los fundamentos esgrimidos por Mónica Ferrero, que en el ejercicio del cargo de fiscal de Corte subrogante negó la posibilidad de que se vuelva a periciar el celular de Alejandro Astesiano, excustodio presidencial. En la comunicación, a la que accedió El País, se sugiere que se podría estar violando la independencia técnica del equipo fiscal que encabeza Sabrina Flores.

La solicitud, en su momento divulgada por Búsqueda, indicaba la necesidad que se realice una pericia internacional para recuperar contenido que se borró. El comunicado interno de los fiscales recoge la resolución de Ferrero, quien la negó basándose en que ya existen pericias sobre ese celular, que Astesiano está condenado desde hace más de un año y que el dispositivo no fue “decomisado judicialmente”.

Esa pericia internacional cuesta dinero porque implica que el teléfono se debería enviar al exterior. Por lo que la fiscal Flores debería solicitar autorización a Ferrero para que se le otorguen los fondos.

Por su parte, el gremio entendió que a raíz de estos argumentos, lo que hizo la jerarquía fue invocar “razones de mérito que valoran la estrategia del equipo fiscal peticionante”.

“Se está diciéndole indirectamente a la fiscal 'usted no puede realizar esta diligencia de investigación, en lo particular esa pericia'”, lo que choca con el principio de independencia técnica, aseguró.

La asociación recordó que la independencia técnica es “el derecho a no recibir órdenes ni recomendaciones de parte de ningún jerarca de la institución ni autoridad ajena a la misma, para proceder de una determinada manera en cada caso concreto”.

Por eso, el “hecho de negar la realización de una pericia, abordando el mérito o fondo del asunto, puede considerarse a nuestro juicio una intromisión en la independencia técnica”, sostiene la asociación.

En ese sentido, analizaron tres puntos que entendieron claves. Entre ellos, está el hecho de que no hay ley ni instrucción general (reglamento interno de los fiscales) que estipule un límite de pericias, tampoco ninguna que regule la necesidad de contar con el decomiso de un bien que luego será periciado y, por último, resaltaron el hecho de que “al no estar expresamente establecidas legalmente (la cantidad de pericias), podrían ser parte del análisis que eventualmente podría hacer un juez de garantías, pero jamás un fiscal general en una causa en trámite”

A raíz de este episodio, convocaron a los asociados a que transmitan si tuvieron episodios —sin importar la antigüedad— en los que sintieron que su independencia técnica fue avasallada. A partir de eso, elaborarán una “postura respecto de la definición y alcance de la independencia técnica como principio fundamental de la actuación de los fiscales”.

El País consultó fuentes de la Fiscalía, quienes apuntaron que la motivación de la decisión fue económica: la institución no cuenta con los fondos para realizar la pericia. A su vez, sostuvieron que con esta decisión de la jerarquía no se viola la independencia técnica.

Ferrero es afiliada al gremio pero se tomó licencia cuando asumió la dirección de la Fiscalía. Juan Gómez había renunciado a la asociación tiempo antes de haber sido elegido fiscal adjunto de Corte.

La AMFU hizo hincapié en que sus reparos son respecto de los fundamentos de la resolución y no tienen nada que ver con el caso (por el que está condenado el excustodio presidencial).

Afirmaron que no es de su interés “entrar en la polémica que le interesa a ciertos sectores, respecto a las particularidades del caso en cuestión” y es por eso que no harían manifestaciones públicas al respecto.

“Esto pues entendemos que hacerlo podría entenderse como una oposición a la decisión adoptada por la jerarquía, cuando en puridad nuestro cuestionamiento no es a la decisión en sí, sino a la fundamentación y su incidencia sobre el principio señalado”, indicaron.

Según reconstruyó El País, en la interna del gremio crece la molestia respecto de las decisiones de los últimos dos fiscales de Corte subrogantes, tanto de Ferrero, como de Juan Gómez, que es quien hoy ostenta el cargo tras el uso de una licencia por enfermedad. La disconformidad parte del hecho de que, según argumentan, son reacios a tomar decisiones a largo plazo, justificándose porque al ser subrogantes no tienen el respaldo necesario para hacerlo.

El gremio tiene diferentes pretensiones, entre las que está la regularización del horario maternal y la equiparación salarial entre adjuntos y adscriptos y, a la vez, de todos ellos con los jueces. Así, sostienen que no tienen eco a sus solicitudes —que incluyen otras, además de las nombradas— porque los fiscales de Corte argumentan que no saben cuánto tiempo estarán en el cargo.