Gustavo Penadés se reunió con la jueza del caso, Marcela Vargas, por motivos personales

El encuentro fue a fines del año pasado; los jueces de garantía tienen el deber de recibir las inquietudes de los imputados que tienen a su cargo

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Juicio por caso Penades
Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezin en audiencia judicial.
Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Gustavo Penadés pasa sus días en la cárcel de Florida. Salvo por el arresto domiciliario que se le fue otorgado y que duró tan solo una semana, desde octubre de 2023, ha salido de prisión por motivos de salud y para acudir a las extensas audiencias judiciales que concitan el foco de la prensa. Pero a fines del año pasado tuvo una salida que pasó por debajo del radar. El destino también fue el juzgado de Juan Carlos Gómez (Ciudad Vieja), pero esta vez fue sin flashes.

Tampoco estaban, como suele estarlo, representantes de la Fiscalía y los abogados de las víctimas. Esto fue porque Penadés pidió para reunirse con la jueza del caso, Marcela Vargas. En el nuevo Código del Proceso Penal, la carga de investigar es de los fiscales y la de los jueces —además de dirimir si un acusado es culpable o inocente— es salvaguardar los derechos de víctimas e imputados.

Así, se limitaron a decir desde el entorno de Penadés ante la consulta de El País, se trató de una cuestión “personal”. Fuentes judiciales, por su parte, indicaron que uno de los roles de los jueces de garantía —como en este caso es Vargas— es corroborar que los derechos de los imputados estén siendo preservado y sus condiciones carcelarias sean acordes. Por eso deben oír al imputado siempre que quiera expresarse y reunirse si así lo solicitan, apuntaron.

A su vez, la reunión fue grabada en audio por el sistema del Poder Judicial —como también ocurre en las audiencias— y el material está disponible para las partes que lo quieran consultar. No es de acceso público como sí lo son algunas audiencias del caso.

No es usual, sin embargo, que los reclusos hagan uso de este derecho, sino que suelen transmitir sus inquietudes en el marco de las audiencias en la que están presentes la Fiscalía, los defensores del propio imputado y los abogados de las víctimas.

Luego de esa reunión, la próxima instancia judicial fue en febrero de 2025 y la siguiente será el viernes. En la primera audiencia del año, se debatió la si Penadés y el profesor Sebastián Mauvezín debían seguir presos preventivamente mientras la fiscal Alicia Ghione continuaba investigando. Pese a la solicitud fiscal de prórroga, la jueza Vargas entendió que su situación debía flexibilizarse y dispuso el arresto domiciliario. Una semana después, el Tribunal de Apelaciones de 4 Turno revocó esa decisión y los devolvió a la cárcel.

Uno de los argumentos que había utilizado Vargas para resolver como lo hizo es que ya no había riesgo de que Penadés entorpeciera la investigación desde su domicilio, porque el exsenador había “perdido el poder”. Los ministros del tribunal, Ángel Cal, Gabriela Merialdo y Adriana de los Santos, por su parte, valoraron que si bien Penadés “no cuenta con un poder de derecho pues este cesó desde el momento en que quedó desvinculado de su cargo", el imputado "conserva un poder de hecho que no hace a ningún cargo o atribución, mas allá que eventualmente pueda hacer una derivación de ello".

Este viernes, está previsto que se le tome declaración a dos nuevas víctimas del caso. Uno de los denunciantes fue mencionada por la fiscal Ghione en la última audiencia pública, que tuvo lugar en febrero, y el segundo se sumó en las últimas semanas. Se les asignó las letras "N" y "O". Primero se debatirá qué preguntas se le realizarán y luego se les tomará declaración.

Mientras tanto, la fiscal trabaja para poder llegar con la demanda acusatoria lista al plazo previsto legalmente, que es los primeros días de junio. Para ello, le tomó declaración en sede de Fiscalía a varias personas que tiene previsto citar como testigos. Una de las cosas que aún resta definir es si las víctimas mantendrán la reserva de la identidad durante el juicio o no.

Si la Fiscalía creyera que no está en condiciones de presentar la demanda acusatoria en junio, podría pedir una prórroga —cuya aceptación queda sujeta a lo que resuelva la jueza en base a un debate en audiencia— pero el plazo máximo es octubre. La ley prohíbe que la presentación de la demanda acusatoria sea posterior a los dos años de la fecha de la imputación, que en el caso Penadés, se cumplen ese mes.

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