Redacción El País
Se realizó este miércoles una nueva audiencia judicial para analizar si se extendía el tiempo en prisión del exsenador nacionalista Gustavo Penadés y el profesor Sebastián Mauvezín. La jueza Marcela Vargas decidió que fueran a arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La Fiscalía de Delitos Sexuales de 3er Turno, que encabeza Alicia Ghione, apeló la decisión.

La fiscal señaló durante la audiencia que Mauvezín le contó a una testigo reservada que él le facilitaba menores de edad a Penadés para tener relaciones sexuales. "Él mismo le relata a un amigo que le presenta Mastropierro a Penadés. La declaración reciente, de antes de ayer, con testigo reservada (…), la testigo claramente dice que Sebastián Mauvezín le relata sobre la solicitud de jóvenes para Penadés, refiriéndose a un joven que era vecino suyo. Ella le dice que es mejor menor y Mauvezín le contesta que no, que a Penadés le gustan los menores de edad y que tiene un negocio y un acuerdo económico con él. Le dice que le paga cada menor de edad con una suma de dinero y además lo ayuda económicamente con la enfermedad de su padre", señaló la fiscal.

La audiencia:

"Esto coincide con lo que dicen otros testigos en cuanto a que Mauvezín recibía ayuda económica para la enfermedad de su padre. La ayuda no era por su linda cara, sino porque Mauvezín le conseguía menores para mantener relaciones sexuales", agregó la fiscal.

Esto ocurrió "meses antes" de la denuncia, dijo Ghione, y el profesor tildó este intercambio de Penadés como un "negocio".

Más adelante en la audiencia, Ghione mostró preocupación por uno de los policías condenados en el caso, Federico Rodríguez. Cree que puede correr riesgo su vida, según expresó. Rodríguez está condenado por colaborar con la "trama". Invitó a salir a una de las víctimas, Jonathan Mastropierro, para sacarle información.

"A Federico Rodríguez lo estamos buscando desde la primera semana de diciembre del año pasado y no lo hemos podido encontrar. Esta semana tampoco. No terminó de cumplir la libertad a prueba. Es un testigo clave para el juicio oral, nos preocupa muchísimo que esté desaparecido", explicó Ghione. Él había recibido mensajes amenazantes cuyo presunto emisor es el exdirector del exComcar, Carlos Taroco, también condenado por esta causa.

A eso se sumó la defensa de la mayoría de las víctimas. "Cabe preguntarse no solo donde está, sino si está vivo", dijo Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar).

Penadés está imputado por 22 delitos de índole sexual, además de cohecho calificado y asociación para delinquir. Actualmente, la Fiscalía dio la calidad de víctimas a cerca de diez personas. Algunos de ellos continúan siendo menores de edad y otros ya son mayores (pero eran adolescentes al momento del hecho denunciado). Mauvezín, en tanto, está imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad.

Ghione tiene tiempo hasta principios de junio para seguir investigando. Luego de esa fecha deberá definir qué hará con la causa. Es decir, si decide presentar la demanda acusatoria para llevar el caso a juicio (en ese caso se deberá definir por cuántos delitos, cuáles, y qué pena solicitará) o si pide el sobreseimiento.

Tanto Rossana Gavazzo como Daiana Abracinskas insistieron en que no hay evidencias de que su cliente haya facilitado menores de edad a Penadés y que, además, no participó de la citada "trama".

A su vez, Abracinskas realizó duras críticas al rol de la Fiscalía. "Me parece desleal tomarle declaración a una testigo dos días antes" de la audiencia, dijo la abogada, refiriéndose a que todavía no han podido acceder a su contenido.

También afirmó que en el celular de Jonathan Mastropierro -a quien, junto a Romina Papasso, tildó de "delincuentes"- había mensajes sexuales a un menor de edad y reprochó que Ghione no lo hubiera investigado.

Hizo énfasis en que la Fiscalía no podía usar a su favor el hecho de que su cliente utilizara mensajes efímeros porque eso no es un delito.

Por último, aseguró que tienen "pruebas y de sobra" de que las víctimas mintieron en sus declaraciones y se contradijeron porque "les cantaron mal la historia". "Lo vamos a probar en juicio", dijo.

Por el exsenador Penadés habló su abogado Homero Guerrero, quien resaltó que su cliente está preso por “presunciones”. Advirtió que “expertos” que han consultado sostuvieron que las pruebas que hay en la carpeta son de “bajísima calidad”.

Criticó especialmente que las declaraciones de las víctimas se haya dado con su identidad reservada. “Si le ofrezco a una víctima reserva de identidad, voz distorsionada, declaración en cámara gessel y le digo que van a tener 12 salarios de un senador…”, hipotetizó, refiriéndose al artículo 80 de la ley de género que establece que luego de una eventual condena el victimario debe pagar 12 salarios suyos o mínimos a la víctima.

Además, sostuvo que cada evidencia que piden a la Fiscalía les contestan “cualquier cosa” con la “excusa” de que ellos pretenden saber la identidad de las víctimas. Una de las cuestiones que pidieron y se les fue negada es el acceso al celular de los denunciantes. “Dicen que a las víctimas no se les puede solicitar el teléfono para comprobar sus relatos. Esto es peligrosísimo para el Estado de Derecho. Me imagino que ahora en adelante todas las victimas de todos los casos van a ser con identidad reservadas”, dijo.

Por otro lado, informó que denunció en la Fiscalía de Corte y la Suprema Corte de Justicia supuestos delitos que surgen del celular de una de las “presuntas víctimas”, refiriéndose a Mastropierro.

Consideró que la estrategia de la Fiscalía de solicitar la prórroga de la prisión preventiva apunta a “extorsionar” a los imputados para que hagan un acuerdo abreviado, asumiendo su responsabilidad en los hechos imputados.

Foto: Paula Ojeda/El País.