CASO DEL EXCUSTODIO

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Un ciudadano ruso declaró ante un jerarca de la Dirección de Identificación Civil que hay más bandas que se dedican a falsificar documentos públicos, al igual que lo hacía la que integraba el excustodio presidencial, Alejandro Astesiano.

Tal extremo se desprende del expediente donde se investiga a este y a otras cinco personas por falsificaciones de documentos y asociación para delinquir.

Las otras organizaciones también se dedicaban a realizar falsificaciones con partidas de nacimiento rusas para que ciudadanos del país caucásico pudieran obtener la ciudadanía y pasaportes uruguayos.

“Hay más gente que hace este tipo de maniobras”, confesó el ciudadano ruso al ser interrogado por el jerarca policial en Identificación Civil.

En otro tramo de la declaración, el indagado señaló que los rusos que habían obtenido la ciudadanía mediante la falsificación de sus partidas de nacimiento, donde se le agregaba el nombre de un supuesto padre o madre uruguayo, también presentaban documentación falsa para demostrar que tenían un medio de vida en el país -algo que reclama la normativa para acceder a la ciudadanía.

En la organización integrada por Astesiano, el escribano Álvaro F. tenía el rol de “subsanar” tal carencia. Según consta en el acta, el indagado sostuvo que el escribano -hoy imputado y en prisión preventiva hasta el 15 de marzo de 2023- “falsificaba certificados señalando que todos los rusos trabajaban acá”. Es decir, certificaba que los rusos eran trabajadores de empresas uruguayas.

Por eso, la fiscal del caso, Gabriela Fossati, envió un oficio al Banco de Previsión Social (BPS) solicitando información sobre varias empresas que habría usado el escribano Álvaro F. para crear puestos de trabajo apócrifos para ciudadanos rusos que pagaron a la organización para recibir la ciudadanía uruguaya.

Fossati también solicitó información a los ministerios de Interior y de Relaciones Exteriores, Identificación Civil, Banco Central del Uruguay, Registro Civil y Corte Electoral.

Según consta en el expediente, todos esos organismos tienen alguna relación con el caso.

Con respecto al Ministerio del Interior, la fiscal investiga a seis jerarcas policiales de varias unidades que tenían vinculaciones con Astesiano. Fossati pretende saber si existió o no, tráfico de influencias porque el excustodio había solicitado servicios policiales cuando es dueño de una empresa de seguridad.

Una fuente del Ministerio del Interior dijo a El País que una investigación administrativa sobre la gestión de los seis jerarcas concluyó que estos no cometieron irregularidad alguna. Ese documento, agregó la fuente, fue enviado a Fossati.

A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores también brindó un informe a la Fiscalía sobre el accionar del consulado uruguayo en Rusia, donde se sospecha que también se realizaron tramitaciones de ciudadanías uruguayas apócrifas para rusos desde 2014.

Entre varias preguntas enviadas a la Cancillería, la fiscal Fossati inquirió: “Indicar cuántos ciudadanos rusos se presentaron a realizar trámites a efectos de obtener la ciudadanía uruguaya al amparo de las leyes 16.021 (hijos de uruguayos) y 19.362 (nietos de uruguayos), si se otorgaron dichos pasaportes, qué funcionarios consulares intervinieron en la tramitación de estos, indicando el número de pasaportes que se tramitaron por estos funcionarios”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió en detalle: “Según informa la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación, los ciudadanos rusos que se presentaron a tramitar pasaportes, al amparo de las leyes N° 16.021 y N° 19.362, desde 2014 a la fecha, fueron 181 en total”

Y agrega: “Respecto al trámite de pasaportes para ciudadanos rusos, en Rusia se tramitaron 174, mientras que siete se tramitaron en distintas Oficinas Consulares de la República. A saber, en Austria tres, en México dos, en Chile uno y en Palestina uno”.

La fiscal Fossati también pidió a la Cancillería que proporcione un listado de los trámites para la obtención de pasaportes o cédulas de identidad en que intervino determinado cónsul durante su desempeño como funcionario consular en la embajada uruguaya en la Federación Rusa.

En el expediente del caso consta una declaración de un testigo clave de la Fiscalía, que señala: “Figura en un acta que había gente que se dedicaba a hacer partidas de nacimiento rusas falsas e involucra al cónsul (uruguayo en Rusia) de ese momento. Que el cónsul uruguayo en Moscú colaboraba con ellos; colaboraba con el trámite de pasaportes (uruguayos para rusos) allá”,

El testigo relató en la Fiscalía cómo se desarrollaba la operativa estatal para validar esas ciudadanías. “El ruso mandaba la documentación (desde Uruguay) y el pasaporte se hacía efectivamente en el consulado uruguayo en Rusia”, afirmó. Y agregó: “Ahí se iniciaba el trámite. (El pasaporte) lo imprimía Identificación Civil en Uruguay. En el extranjero lo hacía el Ministerio de Relaciones Exteriores en base a la información proporcionada por Identificación Civil”.

El 26 de septiembre de este año, el juez suplente Matías Porciúncula imputó a Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial, por el delito continuado de suposición de estado civil en reiteración real con delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias, y le aplicó 30 días de prisión preventiva.

Luego la Justicia le extendió esa medida hasta el 15 de marzo de 2023. Junto con Astesiano también fueron formalizados por los mismos delitos el escribano Álvaro F.; su pareja, Patricia M.; y el gestor ruso Alexey S. Otros dos ciudadanos rusos fueron formalizados, pero sin prisión efectiva.

El 25 de septiembre, un día antes de la audiencia, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, regresaba de una breve licencia en el exterior cuando, ya en el aeropuerto de Carrasco, se enteró que en la residencia presidencial lo esperaba el director de Inteligencia de la Policía para llevarse detenido a Astesiano, quien estaba con él en ese momento y lo había acompañado durante sus días de descanso. Lacalle Pou supo, al llegar a la residencia de Suárez y Reyes, que Astesiano iba a ser detenido por estar implicado, presuntamente, en una trama delictiva por la que se falsificaba documentación para facilitar pasaportes uruguayos a rusos.

Astesiano había sido procesado en 2002 y 2013 por estafa. Según señalaron fuentes de Torre Ejecutiva a El País, el mandatario recibió en marzo de 2020 y en setiembre de 2021 planillas en las que no figuraban estos delitos, aunque sí figuraban una veintena de anotaciones policiales que el excustodio poseía.

Astesiano estuvo preso en la cárcel Las Rosas por un delito continuado de estafa en 2013. El excustodio presidencial fue procesado con prisión y un año más tarde se produjo la condena definitiva. En tanto, en abril de 2002 fue procesado por estafa fuera de la reiteración real con dos delitos descritos en el artículo 58 del decreto ley 14.412, sin prisión.