CRUCE

Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, aseguró este jueves que en Uruguay existe una Justicia para pobres y otra para ricos, ya que en muchos casos las personas de escasos recursos no pueden acceder a un abogado defensor. Las declaraciones surgen un día después de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez,afirmara que eso "terminantemente" no es así, y que incluso decirlo "agravia" a la Justicia.

Los dichos del presidente de la corporación judicial fueron en respuesta a lo dicho por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien aseguró que no se atiende a las denuncias de abuso policial porque las realizan hijos de personas pobres.

"Nosotros compartimos, yo comparto, la idea central de que hay una Justicia para pobres y para ricos desde el punto de vista del acceso a la Justicia", declaró Gamba en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo).

De todos modos, puntualizó sobre las denuncias de abuso policial que no puede "atribuir la intencionalidad a que no se siguen estas investigaciones porque son hijos de pobres". En cambio, sí confirmó que "muchas de las denuncias" que se realizaron y "no se continuaron investigando". En ese sentido, consideró que "la Fiscalía es la que tiene que dar respuestas".

"También el Ministerio del Interior, absurdamente, ha negado que hemos hecho las denuncias específicas. Hay como una orientación, un prejuicio hacia los ciudadanos que asistimos, a desmentir que estas denuncias existen", sostuvo. Gamba se refirió en este caso a los dichos del ministro Luis Alberto Heber, que tras conocerse el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que funciona dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) habló de que lo que hay son "denuncias genéricas".

Por otra parte, Gamba se refirió a la escasez de defensores públicos. "Estamos diciendo desde hace tiempo y no ahora (que) estamos teniendo dificultades serias en cuanto a poder abarcar todas las situaciones en que se requieren defensores públicos", añadió, y enfatizó en que hay personas que "no acceden a un defensor muchas veces".

Gamba consideró que actualmente dado que las personas más vulnerables tienen "dificultad" en poder acceder a un defensor, "hay una Justicia para pobres y una para ricos". Incluso dio un paso más y aseguró que Uruguay "está incumpliendo tratados internacionales en cuanto no está garantizando el acceso a la Justicia".

"Desde el momento que estamos diciendo que hay un gran porcentaje de audiencias de familias especializados en Montevideo donde una de las partes está en indefensión, estamos denunciando una situación grave", subrayó Gamba.

Los defensores de oficio, dijo, atienden a más del 80% "de todas las personas que acceden a la Justicia", un porcentaje que se eleva cuando se trata de casos de materia penal, añadió. Esto lo tradujo en que 291 defensores atienden alrededor de unos 300.000 casos al año.

Denunció que trabajan "más de 8 horas" diarias, y que en el interior del país sucede en ocasiones que dos defensores están frente a 12 fiscales, lo que hace "muy compleja la situación de poder enfrentar con una buena calidad técnica las distintas situaciones que plantean".