La fiscal Stella Alciaturi describió el fundamento de su imputación al exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, durante varias horas en la audiencia que se desarrolló en la noche del jueves. Allí dio detalles de varias maniobras que tenían como finalidad, según Alciaturi, pagar favores políticos.

A través de inervenciones telefónicas, cuyas transcripciones fueron leídas por la fiscal, se cita al exintendente señalando que realizaría caminos vecinales en ciertos lugares únicamente porque caudillos locales le habían conseguido "muchos votos", o que intercedería con la Dirección de Tránsito para que le dieran una libreta para conducir a un particular.

La fiscal relató un caso en el que el exintendente le habría pedido a la mencionada dirección que perdonara las multas y deudas de un camión que un particular había comprado.

Además, mencionó Alciaturi en sede judicial, se reservaron habitaciones de hoteles a nombre de la intendencia para que se hospedaran dirigentes blancos que viajaron al departamento el año pasado en el marco de la campaña electoral.

La fiscal también afirmó que la intendencia le pagó horas que no trabajó a un funcionario que era militante.

En varias de las intervenciones telefónicas realizadas se escucha decir a los jerarcas imputados que había que tener cuidado porque iban a quedar "todos presos".

La Justicia le imputó varios delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, coautoría de un delito de cohecho calificado y reiterados delitos de abuso de funciones.

Los abogados Leonardo Rosa y Pablo Vera defendieron en la audiencia de ayer al exintendente Besozzi; al exsecretario de la intendencia, Daniel Gastán; y al exdirector de Obras, Pedro Nocetti. En diálogo con El País, Rosa explicó que al ser una investigación reservada no podía aportar mayores detalles, pero indicó "a título informativo" que "en ningún momento aparece faltante de dinero o que, lisa y llanamente, hayan metido 'la mano en la lata'".

"Lo que maneja Fiscalía es que presuntamente fue a cambio de votos. Pero el voto es secreto, entonces, no hay una contraprestación como requiere el Código Penal, como requiere el delito. Tal conducta no cuadra con la tipificación, con el tipo penal", valoró.

La tesis de Rosa sobre el caso es que la mayoría de las conductas que señaló Alciaturi "por ahí son pasibles de algún procedimiento administrativo", pero no implicarían un delito.

A su vez, desarrolló que la Fiscalía dividió la causa en 17 capítulos e involucró al intendente en 13 o 14. Uno de los delitos imputados es cohecho simple (coima). Al ser consultado por ese cargo puntual, Rosa contestó: "En eso, para mí es claro y contundente que el exintendente no participó en las maniobras y eso se probará en la instancia del juicio"