INVESTIGACIÓN

La Fiscalía de Las Piedras de 2º Turno, bajo el liderazgo de Bárbara Zapater, investiga un caso de hackers que vaciaron 50 cuentas bancarias de funcionarios públicos jubilados y compraron una gran cifra de criptomonedas con el dinero obtenido para así blanquearlo.

Los hackers lograron acceder a cuentas en pesos y en dólares de las víctimas mediante engaños, enviándoles correos con logos falsos del banco. Allí les pedían contraseñas y los clientes estafados las proporcionaron sin saber que estaban siendo engañados. Con esos datos, los hackers lograron acceder al equivalente a US$ 500.000.

Uno de los imputados es un comerciante de criptomonedas bajo el entendido de que formaba parte de la organización que se dedicaba a estafar. Sin embargo, el abogado del imputado, Nicolás Pereyra, solicitó el rechazo preliminar de la denuncia.

“Con asombro, se nota cómo la Fiscalía está investigando de forma totalmente contraria a las Instrucciones Generales pertinentes, así como también en contra de la verdad material y con falta de objetividad, buscando violaciones a la ley penal donde simplemente hay una actividad de los particulares que no ha sido regulada por el Estado y que por lo tanto se trata de una actividad totalmente libre y legal”, determina el abogado en el escrito.

Y enfatiza: “Obviamente mi representado se encuentra tan afligido como las personas damnificadas, en tanto han sido objeto de engaño también por parte de los verdaderos estafadores, sobre los cuales no se ha efectuado ni una sola medida de investigación”.

Cuando la fiscal Zapater fue consultada por El País al comienzo de la investigación en agosto, reconoció que no hay regulación sobre la compra y venta de criptomonedas en Uruguay y que muchas personas viven de ese negocio. No obstante, señaló que las transacciones con criptomonedas “son un caldo de cultivo” para todo tipo de maniobras porque “mueven mucho dinero”.

Pereyra explicó en la solicitud que su cliente se dedica como hobbie a la intermediación en la compra y venta de criptomonedas, así como la adquisición directa de las mismas y negociación posterior. “Siempre operó con clientes y conocidos”, subrayó el abogado.

Las modalidades delictivas detectadas por la Fiscalía fueron varias. Los hackers también utilizaban “mulas” para que trasladaran el dinero de los vaciamientos de cuentas o pagaban una comisión a empleadas domésticas para utilizar sus cuentas y ocultar la pista de aquella plata obtenida de forma ilegal.

En el marco de la investigación, veinte personas fueron indagadas a principios de agosto y un empleado de un cambio ubicado en esa ciudad resultó imputado por un delito de asistencia a la actividad delictiva. De todas formas, Nicolás Ghizzo, abogado del empleado, explicó que su defendido se dedicaba a la compra y venta de criptomonedas y su cliente sacaba una comisión de un 1% de esas transacciones .