Redacción El País
La jueza María Noel Odriozola accedió al pedido de la Fiscalía de investigar al exsenador Gustavo Penadés y a Sebastián Mauvezín por ocho meses más. El plazo se vencía en octubre de este año y ahora se prorrogó hasta el 10 de junio de 2025.

Aunque la defensa de los imputados se opuso, la jueza Odriozola entendió que no correspondía "cortarle la posibilidad de seguir investigando" a la Fiscalía cuando el plazo que pidió es "razonable" dado la complejidad del caso. A su vez, eso permitiría que la Fiscalía diligencie la prueba que los propios imputados pidieron.

Más temprano la jueza había imputado a Penadés por delitos vinculados a "la trama" para procurar su encubrimiento. Fue por los delitos de cohecho calificado agravado, dado que al comienzo del caso él era funcionario público, en concurso de asociación para delinquir.

La fiscal Alicia Ghione relató cómo, de los mensajes entre Carlos Tarocco (exdirector del Comcar), Federico Rodríguez (policía) y Diego Cuiñas (exfuncionarios del Parlasur), a su juicio, se desprende que todo era para ayudar a Penadés y que el exsenador estaba en conocimiento de lo que estaba pasando.

La defensa de Penadés, que es llevada adelante por Homero Guerrero y Laura Robatto, argumentaron que su cliente era ajeno a la "trama". Sostuvieron que fue creada espontáneamente por los condenados, que estaban preocupados por el exsenador, y recién allí lo enteraron a él. A su vez, el dinero que otorgó se le fue pedido, pero no ofrecido. Aseguraron que tampoco se desprende de ninguna evidencia de que el objetivo de los condenados fuera amedrentar a las víctimas. Lo “indujeron” a entregar “algunas cifras de dinero” en un momento de “gran perturbación de ánimo”, dijo Guerrero.

Al finalizar el debate sobre el punto, la jueza Odriozola definió aceptar la petición de la Fiscalía e imputar a Penadés por la presunta comisión de esos delitos. "De la lectura de los chats surge la participación del señor Penadés", advirtió. Para aceptar una imputación, la Justicia debe corroborar que existen "elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de sus presuntos responsables".

"Hay elementos objetivos más que suficientes" para imputarle la conducta, afirmó Odriozola.

Hace casi un año que los imputados están presos preventivamente. Aunque la Constitución indica que todos los ciudadanos tienen derecho a esperar su juicio en libertad, esto cambia cuando hay riesgos para el proceso o para las víctimas.

En este caso, ya hubo dos oportunidades en las que la Justicia concluyó que era peligroso que Mauvezín y Penadés estuvieran en libertad. Entre otros motivos, porque habían entorpecido la investigación a través de "la trama".

Por este motivo, entienden que deben mantener esta medida cautelar. Por eso, volvieron a pedir la extensión del plazo, que se vencía en octubre.

A esta hora, se debate en audiencia judicial, de la que también participan la defensa de los imputados. Definirá la jueza Odriozola.