La fiscal Gabriela Fossati -a cargo del caso del excustodio presidencial Alejando Astesiano- imputó ayer al ex cónsul uruguayo en Moscú, Stefano Di Conza, que ostentó ese cargo durante los dos últimos gobiernos del Frente Amplio.

Al exfuncionario se lo investiga por 14 delitos de fraude reiterados, en concurrencia fuera de la reiteración real con 14 delitos de suposición del estado civil, según informó en la tarde de ayer El Observador y confirmó El País con fuentes de Fiscalía.

Di Conza, según Fossati, sería parte activa de la banda que integraba Astesiano que se dedicaba, a partir de partidas de nacimiento ideológicamente falsas, de facilitar otros documentos -como ser pasaportes- para ciudadanos rusos a cambio de cuantiosas cifras de dinero.

Fossati pidió, además, la prisión preventiva de Di Conza hasta el 6 de febrero. Di Conza ostentó el cargo de cónsul desde mediados de la presidencia de José Mujica hasta entrado el segundo mandato de Tabaré Vázquez, en 2018.

El País informó ayer que Fossati indagó a la exsecretaria de Mujica, María Minacapilli, por enviar al Ministerio del Interior una nota conteniendo una carta del gestor ruso Alexey S. que solicitaba una cédula de identidad para un compatriota suyo. En esa instancia la fiscal insistió en que la banda integrada por Astesiano empezó a operar en 2013.