La Justicia imputó al exjefe de Policía de Tacuarembó John Saravia y al exdirector Nacional de Seguridad Rural Willard González por un delito de revelación de secreto agravado. También resultó imputado un oficial dependiente de González, Gerardo Cuebas, por un delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar, informó Eduardo Preve y confirmó la fiscal de Paso de los Toros, Fabiana Corbo a El País.

Se les impusieron medidas limitativas mientras continúa la investigación, como es el deber de fijar domicilio y la prohibición de salir del país sin antes notificar a la Justicia por el plazo de 60 días.

La causa surge porque, en el marco de una investigación por abigeato, una persona tenía su teléfono intervenido y allí oyen cómo le cuenta a un amigo que la policía lo había "parado". Este amigo, le contesta que él podía averiguar información al respecto porque conocía al jefe Saravia.

Consta en los registros telefónicos que llamó a Saravia y —según declaró el ciudadano— el jefe le dijo que no tenía demasiada información al respecto pero que iba a averiguar. El jefe de Policía llamó a dos personas por este tema: una de ellas, era el director nacional de Seguridad Rural, González.

Luego de conversar con él —se desconoce el contenido de las llamadas porque los teléfonos de ellos no estaban intervenidos— el jefe de Policía volvió a llamar al amigo de la persona que había sido demorada. Se "intuye" —dice Corbo— el contenido, porque allí este amigo volvió a llamar al hombre que había sido "parado" y sí tenía el teléfono intervenido y le dijo que acababa de hablar con el jefe Saravia, que la denuncia venía de Florida que es la donde está la Regional de Seguridad Rural y que tenía el teléfono "pinchado".

Esto ocurrió en diciembre y la Fiscalía recién fue anoticiada en febrero.

"Eso afectó una investigación en curso. Es en eso en lo que se basa la Fiscalía para decir que hubo revelación de secretos", explicó Corbo.

Cuebas era el oficial de ese caso y no transmitió al Ministerio Público la información que tenía.

La audiencia fue extensa y las defensas de los imputados apelaron la resolución. En el caso de González, la jueza rechazó el pedido de imputación por el delito de la omisión del funcionario público a denunciar (sí aceptó la de revelación de secretos) y esto también fue apelado por la Fiscalía.