Redacción El País
El juez de lo Contencioso Administrativo de 3er Turno, Javier Gandini, condenó al Ministerio del Interior (MI) a pagar US$ 14.000 por daño moral y $ 82.721 por lucro cesante a un delivery de nacionalidad venezolana que entabló una demanda por malos tratos sufridos por un equipo policial.

En el fallo, fechado el 17 de julio pasado, se sostuvo que Roberto A. se dirigía en su moto Yamaha por la avenida Giannattasio en dirección al este cuando observó un accidente de tránsito.

Roberto A. supuso que podía ser un amigo que también realiza tareas de reparto en la zona y se acercó a los policías para preguntarles sobre la identidad del motociclista accidentado. A partir de ahí, según señaló en su demanda, sufrió insultos y un golpe en la cabeza. “Acto seguido, al sacar mi celular del bolsillo, un funcionario me lo tiró contra la moto llamando a cuatro oficiales. Entre cuatro agentes me propinaron golpes sin razón mientras yo cubría mi cabeza a raíz de una lesión sufrida” tiempo atrás, dijo en la demanda. Luego, el delivery fue subido a un móvil policial, fue esposado y recibió otros golpes, según su testimonio. Mientras era trasladado a un centro asistencial, uno de los oficiales lo volvió a golpear mientras “repetía una y otra vez que los extranjeros éramos unos invasores, que quitábamos trabajo a los uruguayos”. Una médica constató lesiones.

Al llegar a la Seccional 18ª de Ciudad de la Costa, el repartidor volvió a recibir golpes y los policías lo hicieron firmar un documento donde señalaba que había sido arrestado por hurto de moto, desacato a la autoridad y falsificación de documento, según el fallo.

El MI alegó que el repartidor pretendió ingresar a una escena donde ocurrió un hecho violento.

Sin embargo, testigos señalaron que vieron a los policías golpear al delivery.

El juez Gandini consideró que “surgen acreditados” los daños físicos y psicológicos sufridos por el delivery “a consecuencia” del accionar policial.