El Ministerio del Interior tramitóaudiencias de Conciliación y posterior demandas civiles contra la diputada Susana Pereyra el senador Charles Carrera y el ex encargado de prensa del ministro Eduardo Bonomi, Fernando Gil, -todos del Movimiento de Participación Popular- por recibir atención y medicamentos de forma indebida, según la cartera, en el Hospital Policial, tal como consta en expedientes judiciales a los que accedió El País.

El 2 de agosto de este año, una abogada del Ministerio del Interior presentó un reclamo contra la diputada Pereyra por la suma de $ 247.000, más intereses legales desde la fecha en que se generó cada una de las respectivas obligaciones y reajustes legales.

El escrito recuerda que el 7 de noviembre de 2022, el senador nacionalista, Jorge Gandini, solicitó a la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, la formación de una comisión investigadora parlamentaria a efectos de analizar, valorar y pronunciarse en relación a las "múltiples irregularidades" ocurridas durante los años 2010 a 2017.

Foto: Archivo El País

El 14 de setiembre de 2022 se creó en el Parlamento la Comisión Investigadora para el estudio de dichas presuntas irregularidades en la Dirección General de Secretaria del Ministerio del Interior, cuyo titular era Carrera durante el mencionado período. Poco después, Gandini solicitó al Ministerio de Interior la lista de personas que no eran policías e igualmente recibieron atención o utilizaron los servicios del Hospital Policial.

El Ministerio del Interior respondió que varios civiles habían usado el nosocomio durante la gestión del Frente Amplio. "No existe ni una sola norma legal ni reglamentaria que habilite a incluir como usuarios a quien no se encuentra en los requisitos" para atenderse en el Hospital Policial, respondió la cartera. Es decir, ningún civil puede recibir asistencia en el Hospital Policial.

Según la prueba que aportó el Ministerio del Interior en el Juzgado de Paz de 33° turno, Pereyra -esposa del entonces ministro Bonomi- utilizó los servicios de asistencia médica prestados por Sanidad Policial durante noviembre de 2013 a setiembre de 2017, "sin poseer las condiciones estipuladas legalmente para poder ser beneficiarias de las mismas".

Durante ese período, la diputada del MPP realizó consultas en policlínica general, policlínica de especialidades y en emergencia. Asimismo, estuvo internada en cuidados moderados y se realizó exámenes paraclínicos, servicios todos dados por la Dirección Nacional de Sanidad Policial y que al día de la fecha actualizados "ascienden a la suma que se reclama en el presente proceso".

La demanda señala que Pereyra puede ser enjuiciada por "haber perjudicado directamente" a esta cartera con su accionar, "haciendo uso indebido de servicios" que "no la amparaba legalmente".

La abogada del Ministerio del Interior advierte que la normativa vigente establece que el funcionario o quien posea un vínculo laboral con el Estado que comprometa cualquier erogación sin estar debidamente autorizado a ello, será responsable de su pago, sin perjuicio de otras sanciones.

"Surge probado que la demandada (Susana Pereyra) incumplió con el contrato que lo ligaba a esta Administración, actuando de forma negligente", sostiene. Y agrega que aquel funcionario público —como lo es un legislador— que causa un perjuicio al Estado, debe repararlo.

Foto: Estefanía Leal

Con respecto al nexo entre Pereyra y el Ministerio del Interior, la demanda sostiene que "no existió un vínculo funcional" entre la legisladora y la cartera. "Es decir que se desconoce cómo llegó la Señora Pereyra a utilizar los servicios médicos prestados por el Hospital Policial. Pese a ello no puede perderse de vista el hecho que sí se generó una relación entre ella y el Hospital Policial a partir del primer acto médico realizado en éste", advierte la demanda.

Al final del escrito, la abogada de la cartera adjunta un informe de la Dirección Técnica del Hospital Policial donde consta las consultas realizadas por Pereyra, así como el costo de cada una de ellas. "Más allá de la irregularidad, (estas consultas) no fueron abonadas por Pereyra", destaca el escrito.

El 15 de agosto de este año, el Ministerio del Interior presentó una demanda en el Juzgado de Paz de 21° Turno contra el senador Carrera -que renunció esta semana y el Senado analizará su dimisión en los próximos días- reclamando el pago de $ 17.993 más intereses y reajustes por haberse internado en el Hospital Policial pese que no le correspondía por no ser policía en actividad o retiro ni tener un parentesco con un funcionario de la cartera.

Foto: Francisco Flores/El País.

En el juicio contra Carrera -de quien la Fiscalía solicitó el desafuero por un presunto delito de abuso de funciones-, el Ministerio del Interior afirma que "es claro" que el demandado "no forma parte del Escalafón Policial ni civil", ya que el cargo otorgado al mismo "era de confianza".

Agrega que los jerarcas civiles del Ministerio del Interior no aportan el 4% de su salario para financiar los gastos operativos del Hospital Policial, tal como lo hacen los funcionarios policiales.

"Éste no es el caso del aquí demandado. Su aporte era destinado al Fonasa", dice la demanda del Ministerio del Interior.

Y sostiene que a los funcionarios en actividad o retiro se les descuenta un porcentaje de sus ingresos mensuales por concepto de "aporte a la salud". Dicho aporte (4% de los salarios) está dispuesto por ley a los únicos efectos de financiar los gastos operativos de la Dirección Nacional de Sanidad Policial.

La demanda de la cartera señala que "surge fehacientemente probado" que el uso que realizó Carrera de los servicios médicos de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, "no se encontraba justificado ni amparado" por ninguna normal legal, "careciendo de causa justificante del mismo".

El escrito sostiene que quedó probado que dichos servicios utilizados de manera "irregular e ilegal" por parte de Carrera debieron ser soportados por el Ministerio del Interior y por todos los funcionarios de la cartera que efectivamente aportan mensualmente (ya sea con el sueldo, jubilación o pensión) el porcentaje referente a sanidad policial.

Indica que el Hospital Policial presente un déficit de millones de pesos mensuales y "es lógico" que esto ocurra a consecuencia que personas que han utilizado los servicios prestados por el Hospital sin ser quienes financian el mismo.

Foto: Archivo El País.

En otro tramo de la demanda, el Ministerio del Interior incluyó un informe de la Dirección Técnica del Hospital Policial donde consta detalladamente fechas de consultas realizadas por Carrera, así como el costo de cada una de ellas que, lógicamente y más allá de la irregularidad, "no fueron abonadas" por el demandado.

El 27 de febrero de este año, el Ministerio del Interior también presentó una demanda civil contra Fernando Gil, quien trabaja en el despacho de Carrera y fue director de la Unidad de Comunicacion (Unicom) durante la gestión de Bonomi.

El reclamo de la cartera contra Gil es por $ 394.978, más intereses y reajustes, por recibir atención y medicamentos en el Hospital Policial siendo civil y no tener vínculos de parentescos o filiales con funcionarios policailes en actividad o retiro.

Agrega que Gil "utilizó" los servicios de asistencia médica prestados por Sanidad Policial entre noviembre de 2013 y enero de 2019, "sin poseer las condiciones estipuladas legalmente para poder ser beneficiario de las mismas".