Redacción El País
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) confirmó la sanción que el Poder Ejecutivo le impuso a Miguel Ángel Toma como fiscal de gobierno, informó Búsqueda y confirmó El País tras acceder a la sentencia.

La actual administración había investigado las misiones oficiales que Toma había realizado en 2019 a Italia y Estados Unidos para participar en los juicios internacionales de Aratirí y el Plan Cóndor junto a la contadora Giuliana Pérez, de la Secretaría Nacional para Lucha contra el Lavado de Activos, sin que existiera una justificación para su participación en dichos viajes.

Toma, que había sido suspendido por seis meses con pérdida total de los haberes, había solicitado al TCA que anulara las sanciones.

Sin embargo, el propio TCA señaló que "debe razonablemente concluirse que la conducta del accionante resultaba merecedora de la imposición de correctivo disciplinario".

"El obrar del funcionario es cuestionable por haber omitido el cumplimiento de deberes previos al desarrollo de una misión representativa del gobierno, por lo que estamos ante una infracción omisiva. No cabe cuestionar a las personas efectivamente escogidas siquiera en su supuesta idoneidad técnica, sino exclusivamente el incumplimiento de deberes previos a su elección", detalló.

Asimismo el TCA destacó en la sentencia que, a diferencia de lo que planteó Toma, "no surgen elementos" que puedan hacer pensar que la investigación "se hubiera dispuesta con una finalidad desviada".