El presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Leonardo Méndez, salió al cruce de los dichos del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, señalando la preocupación de la agremiación por “el ataque personal” a juezas y jueces que “afecta” la independencia técnica judicialy el principio de separación de poderes.

De esta forma, los jueces replicaron cuestionamientos de Heber a la actuación de la jueza especializada en Crimen Organizado de 1er Turno, María Helena Mainard, por otorgar una prisión domiciliaria al narcotraficante Juan Antonio González Bica y hacer lugar a algunas condiciones de un habeas corpus presentado por el recluso Ricardo Damián Cáceres Correa, más conocido como “el Ricardito”.

El narcotraficante, acusado de integrar una banda del Cerro, está alojado en la cárcel de máxima seguridad conocida como Unidad 25 que funciona dentro del perímetro del ex Comcar.

Méndez afirmó ayer en conferencia de prensa que el mensaje a la población “jamás puede ser la desconfianza” en el sistema de Justicia, ya que “magro favor” se le hace al Estado de Derecho, a la democracia y, en definitiva, al Uruguay. “No es nuestra función como gremio que nuclea a la mayoría absoluta de jueces abrir un juicio de valor sobre la materia concretamente resuelta en este caso (por Mainard) ni en otros, cuestión que compete al propio sistema de Justicia, mediante los recursos jurídicos correspondientes”, expresó.

En alusión a las críticas de Heber hacia Mainard, Méndez sostuvo: “no admitimos la descalificación, la insinuación de deshonestidad ni el sometimiento al escarnio público de juezas y jueces”, ya que “ello provoca descrédito en la administración de Justicia que, para tranquilidad de uruguayos y uruguayas, es de las mejor conceptuadas a nivel global y la segunda mejor valorada en las Américas, solamente detrás de Canadá”.

Para la gremial de jueces, resulta “seriamente preocupante” que estas acciones de afectación a la independencia judicial provengan de gobernantes de primera línea como el ministro del Interior, ya que ello configura una “clara vulneración” del principio de separación de poderes.

El jueves 14, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Doris Morales, concurrió al Ministerio del Interior para dialogar con Heber sobre sus cuestionamientos a Mainard, dijeron fuentes judiciales. Horas más tarde, la Corte dispuso una investigación administrativa para analizar el caso de González Bica y envió una circular a todos los jueces del país para que analicen todos los expedientes de prisiones domiciliarias otorgadas a traficantes de drogas.

En este momento, la fiscal Mónica Ferrero investiga falsificaciones de documentos públicos utilizados para sacar de prisión a narcotraficantes.

Según informó el Ministerio del Interior, hoy hay unos 50 traficantes de drogas que cumplen sus condenas bajo la modalidad de prisión domiciliaria.