TRAS PROHIBIR VACUNACIÓN PEDIÁTRICA

Los calificativos del espectro políticoal fallo del juez de feria, Alejandro Recarey, que prohíbe al Estado vacunar a menores de 13 años contra el covid-19, generaron malestar en la interna de los magistrados.

Uno de los principales críticos a la sentencia de Recarey fue el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado: “Los fallos se acatan pero se pueden criticar y este es un disparate, que dicta entre otras cosas, en su fundamento, que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las empresas farmacéuticas privadas”.

A las 17 horas de ayer, la presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), Beatriz Larrieu -ministra de un tribunal de apelaciones- dijo a El País que varios directivos habían planteado que se debía analizar un eventual pronunciamiento sobre los calificativos.

Esos directivos entendieron que se trataba, en el fondo, de una injerencia del sistema político en la labor del judicial.

Larrieu les expresó que la directiva de la AMU discutiría si ameritaba o no un comunicado público sobre los críticas provenientes de actores políticos. “La directiva no está reunida; estamos en comunicación. Si surge un comunicado, se informará”, señaló Larrieu entrada la tarde.

Un rato después, a las 20 horas de la víspera, la presidenta del gremio de los jueces expresó a El País que, por mayoría, la agremiación había decidido no emitir ningún comunicado sobre las críticas provenientes del gobierno a la sentencia de Recarey.

“El fundamento para no emitirlo es que entendíamos que no correspondía en esta oportunidad”, explicó Larrieu.

Otro destacado juez, que no integra la directiva de AMU, afirmó a El País: “Independientemente de la naturaleza del fallo (de Recarey), fue desafortunada la actuación de integrantes del sistema político y de periodistas que personalizaron la cuestión. No se cuestionó el fallo y sí al juez”, explicó.

Una jueza, de extensa trayectoria, también señaló: “Al parecer Recarey le pidió a la Asociación de Magistrados que no emitiera una resolución. Pero la opinión generalizada de los jueces es que los políticos (del Legislativo y del Ejecutivo) y la prensa tergiversaron el fallo y violaron la independencia del Poder Judicial con los mensajes que transmiten a la opinión pública sobre el caso”.

En cuanto al proceso judicial, los abogados de Presidencia y el Ministerio de Salud Pública (MSP) estarán todo el fin de semana preparando la apelación al fallo del juez Recarey. El gobierno llegó a analizar la posibilidad de presentar el recurso ayer -aunque el plazo para hacerlo vence el martes a última hora-, pero se priorizó tener más tiempo para elaborar la argumentación jurídica. Y esta será “extensa, cargada de fundamentación, jurisprudencia y comparación”, según comentaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo.

Es que por estas horas en el gobierno no hay una preocupación más importante que esta. O sea, que la vacunación a los menores de 13 años se reanude cuanto antes, para lo cual hará falta obtener el fallo favorable de un Tribunal de Apelaciones -algo que las autoridades confían que ocurrirá en las próximas semanas.

La presentación oficial de la apelación ocurrirá este lunes y aunque “lo ideal” para el gobierno es que ocurra a primera hora, las autoridades aún no están seguras sobre en qué momento del día se formalizará el pedido.

“Todo esto ha exigido de sobremanera a todos los equipos médicos, científicos y jurídicos a dar sus máximos extremos físicos y mentales, por lo tanto será cuando deba ser”, indicó una fuente del MSP.

Por otro lado, la actuación del magistrado también ha generado suspicacia en la Torre Ejecutiva, porque entienden que el juez incurrió en prejuzgamiento al tener a priori una postura tomada sobre los asuntos sanitarios. Esto, de hecho, fue argumentado en la audiencia del jueves pasado, en la que Presidencia y MSP intentaron recusar al juez, algo a lo que el propio Recarey se opuso por no entenderlo pertinente.

Pero hay una preocupación que todavía mantiene el Poder Ejecutivo: que la acción de amparo justo se haya promovido cuando estaba por iniciarse la feria judicial, de modo que tanto el demandante contra la vacunación a menores -el abogado Maximiliano Dentone- como el que buscó y consiguió el amparo contra la exigencia del MSP a exigir un test PCR a dos mujeres que no estaban vacunadas para ingresar a Uruguay -promovida por Hoenir Sarthou- podían saber de antemano quién sería el juez subrogante en lo Contencioso Administrativo, porque la Corte lo había designado unas semanas antes.

Lo que hay detrás de esa asignación -es decir, si Recarey pidió expresamente estar en la feria o no- es otro de los elementos que alimenta la suspicacia en el gobierno, que no descarta tomar medidas contra el magistrado al finalizar este proceso judicial.

Desde el gobierno esperan que todo se termine en menos de dos semanas.

El juez Alejandro Recarey divulgó ayer entre los magistrados una carta donde aclara aspectos de la intimación que realizó al gobierno de no vacunar contra el covid-19 a menores de 13 años.

Recarey dice en la misiva que “constatándose versiones que distorsionan” el contenido del fallo que él mismo emitiera el jueves 7 y que pueden “confundir” a quienes no tengan acceso a la lectura de la sentencia en cuestión, es preciso aclarar que “ningún gobierno puede firmar contratos secretos”. El magistrado también advierte que su fallo “no prohíbe” el desarrollo de la campaña vacunatoria a menores. “Solo la suspende con carácter provisional y temporario”, aclara.

También sostiene que, aún en una hipótesis de no obligatoriedad de inoculación a la población, el gobierno debe informar sobre todo acto médico. “Vale decir, para el caso, que se divulgue la composición de las sustancias que se inoculan, y sus riesgos y efectos adversos ya comprobados a nivel nacional e internacional”.

Explica, además, que su sentencia apunta que el Estado debe especificar, al vacunar, que los preparados tienen solamente autorización provisoria de emergencia. “No definitiva. Explicándole a quien se inyecta (el usuario) las diferencias pertinentes”, dice.

Recarey advierte que la sentencia “no se involucra” en discutir aspectos científicos tales como la eficacia o la seguridad de las vacunas, ni la necesidad o conveniencia de la vacunación a menores.

El fallo, expresa, también mandata al Estado a hacer sus propios estudios sobre la calidad de los medicamentos que se importan y no simplemente acatar las “manifestaciones” del fabricante.