El juez Alejandro Asteggiante deberá definir este viernes si otorga la posibilidad de que otro fiscal reexamine el caso por presuntas irregularidades en el plan de construcción del Antel Arena. Luego de que el presidente, Luis Lacalle Pou, pidió al directorio de la empresa de telecomunicaciones que “se agoten todas las instancias”, los abogados de Antel solicitaron que se reexamine y eso es lo que se debatirá en audiencia.
La instancia transcurrirá, en principio, sin los principales políticos involucrados en la sala (Gabriel Gurméndez, que presentó la denuncia siendo presidente de Antel; y una de las denunciadas Carolina Cosse, que impulsó el proyecto también siendo presidenta del ente), confirmaron fuentes políticas y judiciales a El País.
Esto ocurre luego de que el fiscal que investigó el caso, Alejandro Machado, haya definido archivarlo porque aunque constató “desprolijidades” y un “manejo dispendioso de los recursos públicos” en el proceso de construcción, entendió que no había un delito.
Lo que ocurrirá este viernes es que los abogados de Antel fundarán el pedido de reexamen ante Asteggiante y luego la Fiscalía dará su visión. En el caso de Machado, no está resuelto si comparecerá él o alguno de sus adscriptos, aunque ya había adelantado días atrás a través del director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, que no se opondría al reexamen.
Según reconstruyó El País, los abogados de la empresa de telecomunicaciones fundarán el pedido en dos partes. Por un lado, argumentarán que con la evidencia que existe, ya es suficiente para pedir una imputación. Por otro, señalarán que aún queda evidencia por recolectar.
Cuando la Fiscalía no se opone a la solicitud, el juez no cuenta con demasiados argumentos para negarlo. Además, es inusual que se nieguen estas solicitudes, dado que la mayoría de los operadores judiciales entienden que no hay nada de malo en que nuevos ojos revisen una causa compleja.
Una excepción a esta norma que tuvo notoriedad pública fue el caso de denuncia de violación en el Cordón en el que la jueza Blanca Rieiro negó a los abogados de la denunciante la solicitud de reexamen. Sin embargo, recurrieron la decisión y el Tribunal de Apelaciones revirtió el fallo.
En este caso, aunque podría preverse que haya una audiencia breve -en principio no sería controvertida la solicitud-, lo que suele suceder en estos casos de trascendencia pública es que ambas partes fundan nutridamente su posición, porque saben que luego se hará pública.
Si el juez aceptara el pedido, otro fiscal tendría un plazo de 20 días corridos para estudiar el expediente y definir si reabre el caso o confirma el archivo. Si ocurriera lo segundo, la causa estaría definitivamente terminada. Si se optara por lo primero, eso no condiciona el resultado final, que puede desembocar tanto en una imputación como en un nuevo archivo. En ese caso, también se convertiría en definitivo.
Según el sistema de subrogaciones de Fiscalía, el encargado de reexaminar el caso sería el fiscal de Lavado de Activos de 1er Turno, Enrique Rodríguez. Así lo confirmó el departamento de Comunicación de la institución semanas atrás. Él ya participó del caso en un comienzo, dado que ocupó el lugar que ahora es de Machado hasta el 1° de febrero de 2023.
El expresidente de Antel, Gurméndez, en febrero criticó la decisión de Machado de archivar la causa y elogió la “actitud muy diligente” del fiscal Rodríguez, que actuó al comienzo. “Hubo un cambio de fiscal, sentimos que la causa entró en un proceso de enlentecimiento y terminó en este proceso de archivo”, sostuvo el precandidato presidencial.
Hay un grupo de operadores del derecho que opinan que un fiscal que ya actuó en la causa no es quien debe analizar reabrirla, dado que la función de un reexamen es que otros ojos miren la misma evidencia para definir si hay que seguir investigando o no. Sin embargo, hay otros que sostienen que el hecho de que un fiscal haya participado en la causa no invalida su posibilidad de expedirse sobre un reexamen, esto siempre y cuando que -como ocurre en el caso de Rodríguez- nunca haya tomado una decisión sobre el fondo del asunto. Durante su tiempo en la causa, el fiscal no se inclinó ni a favor de imputar ni a favor de archivar.
Será Antel quien, a la luz de esto, defina si prefiere objetar que Rodríguez sea quien reexamine el caso o no. Según supo El País, aún no tienen una decisión tomada pero ven este dilema como “un problema” a resolver.
Ello ocurrirá siempre y cuando el viernes Asteggiante acepte la solicitud.
La denuncia que realizó Antel
Fue presentada en noviembre de 2021 argumentando, principalmente, que había tres irregularidades. En primer lugar, que se violó “el principio de especialidad” que establece que los entes autónomos no pueden realizar “negocios extraños” a su función, que está determinada por ley. El segundo punto refiere al costo del Antel Arena. La auditoría externa que contrató Antel estimó que el costo fue más del doble de lo estimado por la exintendenta Carolina Cosse inicialmente. En tercer lugar, compararon el costo de la construcción con otros espacios similares en la región y argumentaban que el Antel Arena fue considerablemente más costoso.
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