Redacción El País
El juez Alejandro Recarey emitió una resolución en la que ordenó a OSE "no innovar" y que "no suscriba" el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, que se iba a encargar de la obra en Arazatí, en la costa del Río de la Plata en San José, para realizar el proyecto Neptuno.

De esta forma quedó suspendida, de momento, la obra para una nueva planta potabilizadora, un proyecto que generó rechazo en la oposición política y algunas organizaciones sociales ambientalistas.

La orden es "hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario" ante una demanda que presentaron la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización denominada Tucu Tucu.

"Se dispondrá la admisión de la medida cautelar porque hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable", expresa el documento judicial al que accedió El País.

"También es dable admitir que puede haber elementos que, eventualmente, justifiquen la idea de que podría estar también vulnerándose las normas atinentes a la Política Nacional de Aguas", apuntó el juez.

El magistrado consideró que "hay extremos indiciarios serios" de que "podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana un agua de menor calidad de la que podría disfrutar" si la toma se hiciese en fuentes más limpias.

Además, "no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública las posibilidades que pudiera haber de sobrecostos gravosos en las tarifas del agua".

De esta forma el juez aceptó la medida cautelar solicitada por las organizaciones, representadas legalmente por el abogado Juan Ceretta. Una vez resuelto este tema, ahora las organizaciones tienen 30 días para presentar una demanda por el fondo del asunto, que es la construcción o no de la planta potabilizadora.

Varias partes involucradas como OSE, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud Pública (MSP) apelaron la decisión del juez Recarey.

Así las cosas, esta resolución será revisada por un Tribunal de Apelaciones. En caso de que ratifique la decisión del juez y finalmente se inicie el juicio por el tema de fondo, la instancia podría demorar años.

De momento el proyecto y la licitación se aprobaron y se adjudicó al consorcio, pero no se ha firmado el contrato.

El MSP había pedido la recusación del juez, es decir que se apartara del caso, debido a que en julio de 2022 dio lugar a un recurso de amparo para suspender la vacunación anticovid a menores de 13 años, medida que finalmente revocó un Tribunal de Apelaciones.