La jueza Civil de 11° Turno, Lola Gómez, ordenó al empresario argentino, Marcelo Balcedo, y a su esposa, Paola Fiege, que debían entregar a Ana Paola Palma, hija del presidente del Liverpool Fútbol Club, José Luis Palma, unas 25 hectáreas de su propiedad, ubicada en el balneario Playa Verde, en Maldonado. Esas hectáreas se encuentran en el predio de la casa “El Gran Chaparral”, de Balcedo, que comprende un total de 90 hectáreas.

La demanda contra Balcedo y Fiege fue iniciada por Ana Paola Palma el 7 de febrero de este año luego de que comprara ambos padrones en un remate judicial, según consta en un expediente al que pudo acceder El País.

La jueza Lola Gómez hizo lugar al pedido de Palma y ordenó a Balcedo y a Fiege la entrega de la propiedad en un plazo de 10 días. También apercibió a Balcedo y a Fiege diciéndoles que desde la intimación y hasta la entrega del inmueble quedaban en calidad de depositarios del bien, según señala la resolución de la magistrada.

Pasaron los 10 días y el 16 de agosto de este año Ana Paola Palma pidió a la jueza que le habilitara la posesión de los dos padrones ubicados dentro del predio de “El Gran Chaparral”. También solicitó a la Justicia el lanzamiento contra Balcedo y Fiege, y demás ocupantes de los inmuebles rurales 7.816 y 1.459 de Playa Verde, argumentando que la magistrada había rechazado todas las medidas impulsadas por la abogada del empresario argentino, Adriana Falco, para evitar la toma de la propiedad por parte de Palma.

Palma señaló que ese decreto de la jueza Gómez “quedó firme” y alertó que “no se ha procedido” a la entrega de los inmuebles, por lo que “corresponde que se decrete el lanzamiento de los padrones de mi propiedad, sin más trámite y con un plazo de 15 días”.

Palma dijo que “dada la complejidad” de acceder a los padrones, por encontrarse los mismos cercados junto a otros terrenos que no son de su propiedad, solicitaba que se otorguen las “máximas facultades” a efectos de cumplir con el lanzamiento.

La demandante pidió a la magistrada que el lanzamiento se realice “asistido por la fuerza pública” y que el alguacil designado cuente con facultades específicas de allanamiento y con las más amplias potestades para que la medida “no se vea frustrada por los ocupantes Balcedo y Fiege”.

Como los padrones que reclama están rodeados por un cerco perimetral, Palma pidió que se autorice el corte de la alambrada para poder acceder en forma independiente a los inmuebles de su propiedad.

Palma peticionó a la jueza Gómez que autorice a concurrir al lanzamiento a ingenieros agrimensores para que delimiten los padrones de su propiedad y realicen los señalizamientos y amojonamientos de los mismos.

El 22 de agosto pasado, la jueza Gómez pidió al abogado de Palma, Adrián Laiza, que aclare a qué se refería cuando hablaba del cerco perimetral y con respecto a la concurrencia de ingenieros agrimensores al lanzamiento, pues afirmó que determinar esta medida no es competencia de la sede.

Finalmente, Gómez reiteró que Balcedo y Fiege debían entregar los dos padrones y estableció que un Juzgado de Paz de Maldonado debía ejecutar dicha medida.

Ante la decisión de la jueza Gómez, la abogada de Balcedo, Adriana Falco, presentó una serie de excepciones con el propósito de mantener el bien bajo el inmueble del empresario argentino.

Señaló, por ejemplo, que la jueza Gómez no tenía competencia para dirimir un juicio sobre una propiedad ubicada en Maldonado y alegó, además, que Palma carecía de legitimidad para reclamar el predio.

En una resolución fechada el 26 de junio de este año, la jueza rechazó las excepciones presentadas por Falco argumentando que en el expediente se tramita un proceso de un inmueble adquirido en un remate judicial. Es decir, no hay dudas de que Palma es la titular del inmueble.

Se encuentra en etapas finales un segundo juicio civil que involucra al empresario Marcelo Balcedo. En este caso, el argentino presentó un reclamo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno contra la Fiscalía General de la Nación y al Poder Judicial, por US$ 22 millones.

El juicio fue iniciado en noviembre de 2021. La base de la queja del argentino es que la retención de uno de sus aviones por parte de la Justicia uruguaya le impidió cerrar “un negocio multimillonario”.

En el expediente donde se encuentra el juicio de Balcedo, consta una transcripción de una audiencia de conciliación entre una empresa de Estados Unidos y tres organismos estatales uruguayos.

También revela que la compañía Matrix Aviation Inc. inició una demanda civil contra Presidencia de la República (Junta Nacional de Drogas), Fiscalía y Poder Judicial por responsabilidad del Estado. El documento agrega que organismos públicos realizaron una “incautación ilícita” de la aeronave que utilizaban a menudo Balcedo y su familia en sus viajes entre Uruguay y Buenos Aires, entre otros destinos.

La empresa Matrix Aviation Inc. expresa, en la audiencia de conciliación, que hubo una “negligencia grave” en el mantenimiento del avión “durante más de dos años”.