La Justicia de Paz de 24° Turno condenó a una de las secretarias del entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, hoy fallecido, por utilizarlos servicios médicos del Hospital Policial pese a que era una civil. El Hospital Policial atiende a funcionarios policiales, a quienes se le descuenta del sueldo un 4% por atención sanitaria.
La sentencia, a la que accedió El País, afirma que el 27 de febrero de 2024 se presentó la abogada Sofía Ortiz, en representación del Ministerio del Interior, para reclamar una indemnización a una de las secretarias de Bonomi, que es una dirigente del MPP de larga data.
Ortíz sostuvo que el 7 de noviembre de 2022, el senador nacionalista Jorge Gandini solicitó a la presidenta de la Cámara de Senadores la formación de una comisión investigadora parlamentaria a efectos de analizar, valorar y pronunciarse en relación a las "múltiples irregularidades" ocurridas durante 2010 a 2017 en la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior.
La profesional informó al Juzgado de Paz que personas no comprendidas en la cobertura del Hospital Policial "recibieron atención o utilizaron dicho hospital, no siendo funcionarios policiales ni teniendo vínculo de parentesco o filiales con funcionarios policiales en actividad o retiro".
Según la abogada del Ministerio del Interior, se constataron "varias irregularidades" como ser uso, atención y retiro de medicamentos del Hospital Policial por parte de personas civiles (la secretaria de Bonomi) que no gozaban de ningún derecho a usufructuar los servicios del mismo y entre esas personas se encuentra la demandada".
En el Juzgado de Paz, la profesional insistió que son usuarios de pleno derecho del Hospital Policial los policías en actividad o retiro, pensionistas policiales, cónyuge, concubino, hijas e hijos solteros hasta los 21 años y los incapacitados de cualquier edad de policías en actividad o retiro, padres del o de la policía en actividad o retiro cuando sus entradas sean inferiores a un salario mínimo nacional.
La abogada del Ministerio del Interior agregó que no existe ni una sola norma legal que habilite a incluir como usuarios a quien no encuentra en los requisitos de atención del Hospital Policial.
Por último, advirtió al Juzgado de paz que el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Sanidad Policial sufrió "perjuicios económicos" que debió solventar en cuanto a los gastos ocasionados por la entonces secretaria de Bonomi.
Según la demanda, la dirigente política utilizó los servicios de asistencia médica del Hospital Policial durante el período junio de 2018 a octubre de 2019. Realizó consultas en policlínica general, policlínica de especialidades y en emergencia. Y, según el relato de la denuncia, estuvo internada en cuidados moderados y se realizó exámenes paraclínicos, cuyo gasto hoy se reclama.
El Ministerio del Interior evaluó dichos gastos en $101.582 más intereses legales desde que la dirigente política se atendió por primera vez en el Hospital Policial.
La representante del Ministerio del Interior insistió en que la secretaria de Bonomi "no fue contratada como funcionaria policial sino como adscrita. Que no aportó el 4% de su salario para financiar los gastos operativos del Hospital Policial, tal como lo hacen los funcionarios policiales. Que se realizaba el descuento correspondiente al Fonasa".
Réplica de la defensa
En su defensa, la demandada replicó el planteo de la abogada del Ministerio del Interior señalando que el reclamo había prescripto en marzo de 2020. Y consideró que dicha cartera debía aplicar el régimen de responsabilidad extra contractual al fundar su reclamo en un presunto "hecho ilícito".
La dirigente política afirmó que no incurrió en un delito al atenderse en el Hospital Policial porque fue secretaria de Bonomi en el marco de pase en comisión y que luego pasó a desempeñarse como adscrita al ministro.
Reconoció que se asistió en el Hospital Policial en "algunos momentos bien puntuales" y agregó que se atendió con "total beneplácito y autorización tanto de autoridades como de todo el personal médico y no médico que la trató".
Manifestó que hay un "fin netamente acosador y político" detrás de la demanda iniciada por el Ministerio del Interior en su contra. "No se puede brindar asistencia y unos años después pretender cobrarla", señaló la demandada.
El fallo de la Justicia
En su sentencia, la jueza de Paz de 24° Turno, Ana Claudia Galván desestimó el planteo de la demandada sobre que la deuda había prescripto porque se reclamó los gastos que generó en el Hospital Policial a partir de 2018 y amparó parcialmente el reclamo iniciado por el Ministerio del Interior.
La magistrada señaló que la normativa "es clara" sobre quienes son las personas que tienen derecho a atenderse en el Hospital Policial: el personal policial en actividad o en retiro, pensionista, así como quienes se definen como núcleo familiar del policía.
"La demandada no revistió durante su contratación en el Ministerio del Interior como policía", advirtió la jueza Galván.
Señaló que la exsecretaria de Bonomi tenía cobertura médica de una mutualista, por lo cual "no se advierte la razón de usufructuar servicios médicos del Hospital Policial como consulta con especialistas en policlínica, de emergencia, internacional y estudios paraclínicos".
Según la jueza Galván, la demandada debe pagar por los servicios de atención en el Hospital Policial porque el contrató que tenía con el Ministerio del Interior "no habilitaba" a recibir asistencia médica y clínica en el Hospital Policial, sin abonar la contraprestación correspondiente. Por ello, condenó a la demandada a pagar los gastos de internación. El monto exacto de la indemnización será dispuesto en otro juzgado.
El fallo de la jueza Galván puede ser apelado.
Gandini: "Esta sentencia es lapidaria"
Para el senador nacionalista Jorge Gandini, quien ofició de denunciante ante la comisión que investigó estos hechos en el Parlamento, esto primera sentencia civil que condena lo realizado por los jerarcas frenteamplistas en el período analizado es "lapidaria", ya que "confirma los fundamentos que obran en la denuncia penal".
"Confirma que los civiles no estaban autorizados para usar el Hospital Policial —dijo a El País el exprecandidato a presidente— y que no pagaban el 4% que pagan los policías con su sueldo. Confirma que hubo un uso irregular de un servicio público, todas cosas que incluimos en la denuncia".
Para el senador blanco, además, esta sentencia sienta un precedente clave en la investigación que, en paralelo, está llevando adelante la Fiscalía. "Agrega fundamento a la sede penal", precisó Gandini, que recordó que el juzgado civil todavía tiene que resolver, sobre lo mismo, respecto a la diputada Susana Pereyra, el senador Charles Carrera y su esposa, y el exdirector de Comunicación de la cartera de seguridad, Fernando Gil.
"Y que me disculpe Carrera si cree que esto es fomentar la grieta. Pero la grieta la hizo él en el derecho civil y penal", concluyó.
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