Redacción El País
La jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, Diovanet Olivera, hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria de los abogados, Ignacio Durán y Eduardo Sasson, para el empresario imputado por enviar budines con cocaína para Bélgica, por razones de enfermedad.

El empresario, que estaba alojado en forma preventiva en la Unidad N° 1 de Punta de Rieles, es un trasplantado renal y sufre de diabetes, según el escrito al que accedió El País.

Durán y Sasson, del Estudio DDS, señalaron que en Punta de Rieles existe un centro de asistencia que puede llevar adelante los controles sanitarios necesarios del imputado, sin embargo señalan que este "hospitalito lejos está de darle las condiciones mínimas a un trasplantado renal como prescriben los médicos", por lo que estaría en riesgo su vida. Advirtieron, además, que su defendido es un primario absoluto.

El escrito cuenta con las consideraciones de médicos de clínica forense, que plantearon que el imputado "requiere de un lugar con extrema higiene, así como ambiente ventilado y libre de humo de tabaco. Debiendo cumplir con rigurosidad su tratamiento y concurrir a controles médicos sin interrupciones. Por todo lo antes expuesto, no se encuentra actualmente, en condiciones de cumplir medidas cautelar impuesta en reclusión".

Finalmente, la jueza Olivera hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria.

Foto: AFP

El caso se remite a principios de enero, cuando medios belgas dieron cuenta de que había tenido lugar una incautación en el puerto de Amberes de un cargamento de más de dos toneladas de cocaína. La droga había llegado en un barco proveniente de Uruguay y estaba camuflada debajo de envoltorios de budines y alfajores.

Fiscalía informó que la empresa exportadora compró los budines y alfajores en una cadena de supermercados. Luego los trasladó a un depósito en Canelones, donde "fueron contaminados con la droga"; de allí partieron a la zona franca y de zona franca hasta el puerto. El contenedor en el que viajaba la droga fue escaneado en el puerto uruguayo en noviembre, aunque los funcionarios aseguran no haber visto que se trataba de un cargamento de cocaína.

Se desconoce si el destino final de la mercadería era Bélgica, aunque una de las hipótesis es que buscaban su distribución hacia otros países de la región.

Iniciada la investigación, se imputó a dos hombres condenados a 180 días de prisión preventiva, por tráfico de estupefacientes en modalidad de exportación al propietario de la empresa y por asistencia al narcotráfico al copiloto del transportista.

En tanto, se dispusieron medidas limitativas para una tercera persona, quien debió fijar domicilio y no podrá salir del país mientras avanza la investigación.