Redacción El País
La jueza Blanca Rieiro resolvió la creación de un grupo de trabajo para "dar respuesta" a los reclamos que hizo la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios a través de un habeas corpus correctivo. En ese recurso, solicitaron a la jueza que se le exija al Ministerio del Interior que, a los reclusos de todas las unidades, “se les asegure la privación de su libertad, en condiciones de no hacinamiento, de acceso a la alimentación básica, a la salud, a no sufrir violencia física ni psíquica”. También, indicaron que es necesario que el estado declare el “estado de emergencia nacional carcelaria”, según consta en el escrito que divulgó anteayer El País.

Le dio un plazo de tres días hábiles al Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, para que informe —según su experiencia— quiénes deberían formar ese grupo de trabajo. Luego, el Ministerio del Interior y la organización de funcionarios deberán hacer una lista de cuáles son los 10 problemas que deben ser solucionados más urgentemente.

A partir de ello, la jueza seguirá monitoreando la situación. Durante la audiencia, declararon como testigos Petit y el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza.

Los funcionarios pidieron que se destinen “recursos económicos, materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de las responsabilidades del Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad”. En el petitorio, solicitaron también que se garantice “el acceso a agua potable, salidas a patio con los mínimos establecidos por las normativas internacionales, trabajo, estudio, proyectos, y régimen de visitas entre otros derechos fundamentales”.

Para ilustrar la situación, presentaron una serie de cifras, entre las que se encuentra la distribución de funcionarios penitenciarios civiles (no policiales) por cárcel y la cantidad de presos que hay en ella. En el escrito, presentado por el abogado Juan Raúl Williman, establecen que actualmente hay 16.033 presos y —de acuerdo a un registro del mes de enero— 1.375 funcionarios civiles, que a su vez se reparten entre tres y cuatro turnos. “En definitiva en trato directo (convivencia) queda una guardia efectiva de uno a tres operadores para, mínimo, 180 personas privadas de libertad”, indicaron.

Al abordar el eje de la alimentación, expusieron que en la mayoría de las unidades, a la alimentación la denominan “Rancho” y es “fideos con agua y verduras”. Hicieron énfasis en que el presupuesto anual para alimentación estimado es de $ 473.000.000, esto es, $ 83 por preso por día. El comisionado parlamentario había señalado en su último informe que el presupuesto era de $ 88 por preso.

Por la organización, se presentaron judicialmente Jonatan Perdomo, el presidente, y Sandra Pereira, la secretaria general. Pero también lo hizo la diputada del MPP Bettiana Díaz, que es vicepresidenta de la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria.