La jueza Blanca Rieiro decretó que se "intime al comisionado parlamentario —Juan Miguel Petit— a dar estricto cumplimiento" a las indicaciones con respecto a la formación de una mesa de trabajo para tratar los principales problemas del sistema penitenciario. La audiencia se dio en el marco de un habeas corpus presentado por parte de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe).

Este miércoles se llevó adelante una nueva audiencia protagonizada por el sindicato de funcionarios civiles penitenciarios y el Ministerio del Interior, que fue convocada luego de que el equipo defensor de la cartera presentara un recurso de nulidad que finalmente fue desestimado.

Si bien la jueza a cargo del caso esperaba "tener todo encaminado" para mediados de diciembre, todavía no se han discutido los puntos a trabajar por lo que se demorará un poco más el comienzo.

Luego de hablar con las partes, la jueza definió que "se intime al comisionado parlamentario a dar estricto cumplimiento" de la resolución de la anterior audiencia, en la que se le encomendaba la convocatoria a una mesa de trabajo con todos los organismos que considere pertinentes para tratar las problemáticas del sistema penitenciario.

Si bien es probable que una audiencia deba celebrarse durante la feria judicial —que ocupa todo enero—, la jueza determinó que esta sea habilitada ya que se trata de "un tema de derechos humanos que debe abordarse con urgencia".

El plazo brindado por Rieiro al comisionado Juan Miguel Petit para convocar al equipo de trabajo es de tres días hábiles, por lo que la próxima semana se llevará adelante una nueva audiencia, en la que las partes discutirán cuáles consideran que son los 10 puntos más urgentes a tratar dentro del sistema penitenciario.

Luego de esa instancia, se realizará una inspección ocular a los centros de reclusión en los que se aplique el habeas corpus, para así poder evaluar en el futuro si el trabajo tuvo resultados reales.

Según surge de la audiencia, en la que estuvo presente El País, no se darán variaciones de presupuesto en esta área, sino que se buscará "mejorar con lo que ya se tiene" y "aplicar mejor los recursos".

La iniciativa de crear el equipo de trabajo interinstitucional fue planteada por el propio Petit, cuando declaró como testigo en una de las audiencias por este tema, en la que fue consultado sobre la situación actual de los reclusos. Estará compuesto por los ministerios del Interior, Desarrollo Social, ASSE, ANEP y otros organismos que tienen incidencia en las cárceles.

En la denuncia presentada por los funcionarios penitenciarios, representados por el abogado Juan Raúl Williman, pidieron que “se les asegure (a los presos) la privación de su libertad, en condiciones de no hacinamiento, de acceso a la alimentación básica, a la salud, a no sufrir violencia física ni psíquica”.

También hicieron énfasis en que el presupuesto anual para alimentación estimado es de $ 473 millones, que equivale a $ 83 por preso por día.