FALLO

La jueza de Familia Ana María Berta condenó el martes pasado al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Fondo Nacional de Recursos (FNR) a financiar la compra de dispositivos auditivos y la realización de una cirugía para instalar los implantes en un adolescente.

La acción de amparo, llevada adelante por los abogados Pedro Larrosa y Carmen Vázquez en representación de los padres de un chico de 15 años, se había iniciado el 2 de agosto. El menor padece hipoacusia conductiva máxima bilateral. Ello provoca que solo pueda obtener una ganancia auditiva relevante con implantes en ambos oídos de audífonos osteointegrados. Son conocidos como implantes de conducción ósea o audífonos implantables a hueso.

Los implantes osteointegrados fueron aprobados por el MSP para su libre importación y comercialización, pero el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS) no los financia.

Los padres del adolescente reclamaron esa ayuda del Estado porque no cuentan con recursos para adquirir los audífonos y pagar la intervención.

En su réplica, el Fondo Nacional de Recursos señaló que este tipo de dispositivo “no se encuentra” dentro de la canasta de prestaciones del Plan Integral. En tanto, el MSP dijo que no actuó en forma omisa como para generar una acción de amparo de los padres del adolescente. Y advirtió que los implantes deben ser pagos por “la mutualista” del menor. Pero la jueza advirtió que este se atiende en la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Tras escuchar a las partes, la magistrada citó a la Constitución de la República para afirmar que el Estado debe proporcionar los medios de prevención y asistencia a las personas carentes de recursos. Y falló a favor de los padres del chico porque quedó probado que este precisaba los implantes para mejorar su vida.