JUDICIAL

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió destituir a la jueza letrada de Tacuarembó de 5° Turno, Carla Gómez, quien había sido sumariada y apartada del cargo en marzo tras recibir varias denuncias por irregularidades. 

Según la resolución a la que accedió El País, la SCJ consideró la “pluralidad” de omisiones que fueron calificadas como faltas graves y pasibles de “grave reproche”, y emitió una sentencia que marca la "manifiesta ineptitud" de la magistrada para actuar como tal.

Cuando el presidente de la SCJ, John Pérez, dispuso el sumario de la letrada, detalló que en 2021 se dispuso la realización de una investigación administrativa a Gómez a raíz de dos acontecimientos.

El primero surgió a partir de una nota del semanario Búsqueda de mayo del año pasado, que narra la denuncia de un hombre que manifestó que Gómez empleó sus influencias para que él fuera preso. El individuo dijo que la jueza amenazó a su esposa, tratándolo de estafador por no haber entregado a tiempo unas viviendas que estaba construyéndole.

La investigación de la SCJ concluyó que la jueza amedrentó, destrató y se vinculó “de forma negativa” con la esposa del hombre.

El segundo suceso se relaciona con que una jueza de Paz denunció destrato de parte de la magistrada, además de comportamientos incorrectos en su vinculación con la Policía.

En marzo de este año, el Colegio de Abogados del Uruguay cuestionó las actuaciones de Gómez, aludiendo a que la jueza supuestamente pidió a la Policía que detuviera a una funcionaria en broma.

En noviembre de este año, la abogada de Gómez, Ana Irabedra, dijo a El País que la jueza ha sido sometida a una “violencia injustificada” de un tiempo a esta parte por haber hecho una “broma infeliz” y que la “filtración de datos erróneos” la colocan ante la opinión pública como culpable.

La situación que advirtió la abogada llevó a que Gómez enfrentara una “depresión profunda”. Según Irabedra, esto ha dificultado el diálogo con su defendida, pero ha permitido comprender lo suficiente para “desmentir algunas acusaciones”.

La Suprema Corte concluyó que se pudo probar que la jueza incurrió en faltas de “gravísima entidad”, señalando que “el ejercicio abusivo del cargo utilizando recursos humanos y materiales para satisfacer intereses privados se suma al trato ordinario, irrespetuoso y soez extendido en el tiempo contra funcionarios judiciales.

“Si a ello le faltara algo”, prosigue la sentencia, quedó demostrado que Gómez “procuró torcer y así lo hizo” el normal desarrollo de una audiencia de formalización, “evidenciando el total desapego por la garantía del juez natural”.

La SCJ entiende como agravante el hecho de que la imagen del Poder Judicial quedó afectada. “Es innegable la mayúscula afectación de la imagen del Poder Judicial”, señala la resolución.

"La doctora Gómez no solo violó normas legales y constitucionales, destrató a funcionarios y profesionales, todo lo que la hace indigna de desempeñar un cargo de magistrada en cualquier orden de la judicatura", prosigue la resolución.

En el final de la sentencia, la SCJ apunta que la magistrada revela una “manifiesta ineptitud” para ejercer el cargo, “careciendo de nociones básicas de respeto y consideración a los funcionarios y demás operadores”.

Durante 2022 otros magistrados fueron señalados por irregularidades en su accionar. Uno de los casos denunciados es el de la jueza de Pando Ada Siré —a quien se le inició un “proceso disciplinario” por expresiones en redes sociales—; otro es el de la jueza Isaura Tórtora, acusada de ausentarse de una audiencia y poner en su lugar a un funcionario para tomar declaraciones; y el de Florencia Ferreyra, jueza de Paz, a quien también se investigó por dichos en sus redes sociales.