El 11 de agosto de este año, tres jóvenes fueron asesinados a tiros y el auto en que iban fue prendido fuego. Fue una masacre y las hipótesis policiales sobre el ataque fueron varias. Pero la principal es la que señala que el objetivo era el conductor del vehículo, un joven de 24 años, a quien la Policía indica como uno de los líderes de la banda de “los Chineppes” del barrio Cerro. Él recibió tres tiros en la cadera, la espalda y una pierna.

Tal y como reconstruyó El País, cinco jóvenes —dos mayores y tres menores de edad— iban en un auto rumbo a recoger a un sexto hombre que se encontraba en la zona de Colón. Juntos luego irían a bailar a Ciudad Vieja. Sin embargo, sobre las 2:00 horas, a la altura de la calle Carlos A. López esquina Pororó, fueron emboscados por un grupo de personas a pie, que comenzaron a dispararle al coche. Esto ocurrió cuando llegaron al domicilio de esta sexta persona, que llegó a asomarse a la puerta para decirles que ya salía.

Los tres jóvenes que iban en los asientos traseros —dos de 17 y uno de 18 años— murieron dentro del auto, productos de los disparos y el fuego. De los otros dos, uno quedó mal herido, el conductor; y otro logró huir. El sexto hombre no había alcanzado a salir de su casa, así que resultó ileso.

Luego de pericias solicitadas por la Fiscalía, los cuerpos de cada uno de los asesinados fueron entregados a las familias. Poco después, la madre de uno de los asesinados se presentó en la Fiscalía de Homicidios de 3^er Turno, cuya titular es la fiscal Adriana Edelman, y trasmitió que el joven que le habían entregado no era su hijo, y que había descubierto esto mientras lo estaba velando.

Tras esto, por orden de la fiscal Edelman se procedió a exhumar los otros dos cuerpos para realizar sus identificaciones.

Un escrito del abogado, Gumer Pérez, en representación de una de las familias damnificadas, citó para hoy a una audiencia de Conciliación al Poder Judicial y al Ministerio del Interior por la entrega "incorrecta" y "negligente" del cuerpo de quien en vida fuera J.N.

Ello, dice el documento al que accedió El País, obligó a la familia T. a "dar sepultura a un cuerpo que no era el de su hijo, sino el de otra de las familias involucradas en estos hechos. Cabe mencionar que a estas familias también se les entregaron los cuerpos que no correspondían".

En el escrito, Pérez fundamentó el reclamo de sus representados alegando que el Poder Judicial y el Ministerio del Interior deberán responder por daños y perjuicios y responsabilidad por hecho del dependiente. Es decir, el Poder Judicial tendrá que probar que el Instituto Técnico Forense (ITF) no realizó ningún procedimiento erróneo y el Ministerio del Interior defenderá la actuación de la Policía Científica en las identificaciones de los tres cuerpos.

A las 16:00 horas de hoy, finalizó la audiencia de Conciliación sin acuerdo entre las partes.

A la salida del juzgado, Pérez dijo a El País que iniciará un juicio civil contra el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, y señaló que estudia agregar alguna otra institución en la demanda, porque también participaron funcionarios de la Intendencia de Montevideo y de la Fiscalía en las entregas de los cuerpos.

"Es lamentable que el Estado no se haga responsable de la muerte de un joven dentro de un auto cuando iba a bailar con tres amigos", concluyó el profesional.

Luego de constatarse los errores en las entregas de los cuerpos de los jóvenes asesinados, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó una investigación. Tiempo después, el funcionario actuante concluyó que los técnicos del Instituto Técnico Forense no cometieron "irregularidades" en el proceso que llevó a la entrega incorrecta de los cadáveres.

De la investigación surgió que a los tres cuerpos —que eran de jóvenes varones de edades similares— se los rotuló como "Caso 8 - NN1", "Caso 9 - NN2" y "Caso 10 - NN3".

Luego se pidió a Policía Científica que recogiera las muestras que trasladó al laboratorio. Pero no se utiliza, por ambas instituciones, el mismo método de rotulación, se explicó en la resolución de la Corte. Por ejemplo, en Policía Científica, los señalaron como A, B y C. Es decir, cada institución pública utiliza identificaciones propias.

Allí se habría generado el error cometido con los cuerpos, sugirió el informe del técnico que fue ratificado por la Suprema Corte.