Cuando tuvieron la oportunidad de dar sus últimas palabras, el fiscal le dijo al juez que la forma en la que había actuado el acusado "es negadora de la propia naturaleza humana" y que cualquier pena existente "es baja" para lo que hizo. La defensora, por su parte, insistió en que hacerle caso a la Fiscalía significaría "imponer una pena sin fundamento" porque las pruebas "son débiles" y la participación de su representado no fue demostrada en una investigación que "estuvo sesgada". Será el juez Marcelo Souto quien en los próximos días definirá cuál será el futuro del joven de 22 años acusado de matar a cuatro hombres frente a sus hijos.

La Fiscalía de Homicidios de 1^er Turno, que componen Carlos Negro, Natalia Pereira y Victoria Ghiorsi, insistieron en que el acusado fue responsable de cuatro homicidios ocurridos en la zona del barrio La Chancha. El primero ocurrió el 3 de octubre de 2021, cuando un hombre salió de su casa con su hijo de tres años y fueron atacados a balazos. El adulto murió y el niño, aunque fue herido de gravedad, milagrosamente sobrevivió. Allí, fueron asistidos por un amigo de la familia, que fue asesinado un mes después cuando iba en un camión junto a su familia.

El tercer episodio ocurrió el 17 de abril de 2022, cuando unos jóvenes llamaron por el apodo a un hombre. Él salió de la casa junto a su hijo de dos años y fue acribillado a balazos. Por último, el 10 de junio, otro hombre fue llamado a la puerta de su casa y cuando salió fue asesinado. Sus hijos mellizos de entre 7 y 9 años miraban por la ventana.

Durante la primera semana del juicio, se presentaron los testigos de la Fiscalía que declararon —mayoritariamente— sobre los primeros dos homicidios, tal y como da cuenta una crónica de El País. Pero durante la segunda semana, que fue a mitad de noviembre, se presentaron pruebas vinculadas a los últimos dos homicidios, la prueba de la defensa del acusado y los alegatos finales.

Los principales testigos debieron declarar bajo identidad reservada —esos que, por temor, declaran anónimamente y con la voz distorsionada— que dieron su versión de los hechos sobre el último homicidio. Dos de ellos, ubicaron al acusado en el lugar al momento de los hechos y uno aseguró que vio cómo le disparaba a la víctima.

Este testigo aseguró que el acusado era un "sicario", algo que había sido señalado por otros testigos reservados que declararon en Fiscalía. Sin embargo, cuando una de las defensoras públicas del acusado, Andrea Souto, le preguntó si alguna vez había visto que le entregaran dinero, el testigo contestó que no.

Otros testigos que habían declarado la semana anterior indicaron que él trabajaba para "Tato", uno de los que "comanda todo en el barrio La Chancha", según sus palabras. Policialmente, se estudian vínculos entre esta persona y el prófugo Sebastián Marset, señalaron fuentes a El País.

Luego, llegó el turno de la prueba de descargo de la defensa. Se trata de la prueba que puede presentar el acusado para defenderse de los hechos de los que se lo acusa. Así, declaró uno de los hombres que lo crió desde niño y defendió que, cuando ocurrió el primer homicidio, el joven se encontraba en el baño de la casa. A su vez, aseguró que la víctima estaba en negocios ilícitos.

El otro declarante fue el propio acusado, que negó los hechos y coincidió con la versión que dio el otro testigo en que dos de las víctimas estaban en negocios ilícitos por lo que "calculaba" que los homicidios habían sido por eso y respecto de los otros dos asesinados dijo que no los conocía.

Foto: Archivo El País

Después de haber recibido más de una decena de declaraciones, el juez escuchó por última vez a las partes. El primero en tomar la palabra fue el fiscal Negro, quien aseguró que la presentación fiscal fue "tan completa, tan robusta, tan fuerte que logró vencer el miedo, que logró vencer el terror".

Realizó un resumen y destacó la importancia de todas las declaraciones, pero reparó especialmente en el tercer homicidio, en el que un testigo directo de los hechos se negó a declarar. "Eso denota el temor, el terror diría yo, de muchas personas vinculadas a estos hechos", indicó.

Por último, se refirió a la pena. La Fiscalía pide la más alta posible: 30 años de cárcel. Pero además, por su especial peligrosidad solicita que se le impongan 10 años más de medidas de seguridad, por lo que —si el juez acepta el pedido— pasaría 40 años tras las rejas. Al hacer su evaluación, advirtió que por las características del primer hecho, solo por ese, ya se pide 20 años. Con los otros tres hechos sumados, la solicitud "sobrepujaría el máximo".

Con expectativas de vida de 80 años, "una pena de 30 años para este tipo de delitos que ahora se están dando con dramática frecuencia, resultan penas que son bajas", expresó y agregó: "Debería ser más si la ley lo permitiera".

"Nosotros entendemos que el temor, el terror en los tiempos que corren, con la habitualidad y frecuencia que vemos hechos de esta naturaleza, no puede, en definitiva, resultar victorioso. Ni siquiera en uno de los hechos delictivos que tuvo la baja de un testigo que sabemos era importante. Ni siquiera en ese delito", expuso.

Por la defensa del acusado habló la abogada de oficio Virginia de los Santos, quien insistió en que la prueba presentada por la Fiscalía fue "insuficiente y, en ocasiones, contradictoria". Criticó que uno de los testigos no recordaba el nombre de su familiar fallecido y que hubo un testigo reservado que señaló al asesino con un nombre que no era el del acusado y, al recordársele lo que había declarado previamente, "con memoria asombrosamente selectiva" se rectificó.

Aseguró que hubo "historias subyacentes que no fueron investigadas" y, a su juicio, quedó confirmado que se detuvo a su cliente "por la presunta participación en dos delitos que ocurrieron en el barrio, y luego se continuó cerrando la investigación de manera sesgada, atribuyéndosele dos más". Le recordó al juez que hubo varios testigos reservados, sobre quién no se sabe si tienen intereses personales en el juicio, y que no hay pruebas materiales que lo vinculen a los homicidios. Así se refirió a que no hay cámaras, ADN, ni huellas detectadas.

Insistió en que "no basta con un juicio de probabilidad para condenar" y contestó a lo que dijo el fiscal respecto de que ninguna pena alcanza para este caso. "Hay mecanismos para cambiar las leyes, pero lo que sí puede hacer la Fiscalía por la sociedad que representa es ir más allá de lo que se ve e investigar qué hay detrás. Eso merece la actualidad y que se proteja a la gente de ser usados como descartables", sostuvo De los Santos.

En los próximos días el juez Souto dará a conocer su fallo.