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Por Eduardo Barreneche
Por lo menos dos demandas civiles vinculadas al empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo al Estado uruguayo superan los US$ 25 millones.

Uno de los litigios fue presentado por Balcedo contra la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Fiscalía General de la Nacional, el Fondo de Bienes Decomisados y a la Junta Nacional de Drogas.

Una fuente cercana a la familia Balcedo anunció, además, que se iniciarán demandas civiles contra los tres fiscales que participaron en la investigación a Balcedo y a su esposa, Paola Fiege. Hasta el momento los fiscales no recibieron intimación alguna, según supo El País.

En una reciente respuesta a un pedido de información pública realizado por El País sobre todos los juicios penales y civiles que enfrenta la Fiscalía General de la Nación, el fiscal de Corte, Juan Gómez, informó que Balcedo presentó el 29 de noviembre de 2021 una demanda reparatoria patrimonial por entender que se configuró “un abuso de Derecho” por parte de la Suprema Corte de Justicia.

El documento fue firmado por Gómez el 23 de marzo pasado. “Aún no hay sentencia de primera instancia”, expresó en el informe.

El juicio contra la Suprema Corte, la Fiscalía de la Nación y otros organismos fue iniciado por Balcedo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, cuyo titular es el juez Gabriel Ohanian.

En la demanda, el empresario reclama una indemnización de US$ 22 millones por los daños que le provocó el decomiso de dos aviones jet que los estaba pagando mediante el sistema de leasing (contrato de alquiler que incorpora una opción de compra a favor del arrendatario).

Para poder pagar la cuota del leasing, Balcedo alquilaba los aviones a empresarios argentinos y obtenía así una renta millonaria. Los aviones que utilizaba Balcedo eran un Learjet 60 y un Gulfstream IV, esta última una moderna aeronave capaz de realizar vuelos de largo alcance.

El 31 de mayo de 2022, el diario Hoy, propiedad del empresario argentino, informó que, al momento de la detención de Balcedo ocurrida en 2018, por el avión Gulfstream IV ya había pagado unos US$ 3 millones a la empresa Matrix Aviation Inc.

Una fuente allegada a la familia Balcedo expresó a El País que la Fiscalía sabía que los aviones no pertenecían al empresario argentino y que este los estaba pagando por medio de leasing. Los aviones tenían bandera de Estados Unidos. En ese momento, uno de los jets valía US$ 6 millones.

“Como era alquilado, el avión se pagaba solo. Estábamos al día con las cuotas. El jet estuvo un año secuestrado por la Fiscalía y hasta sufrió daños”, agregó la fuente.

El 31 de mayo de 2022, el diario Hoy insistió en que el juicio por US$ 22 millones es contra la Fiscalía uruguaya, y comprende a todos los fiscales que actuaron en la causa, además del ex fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, por supuestamente realizar un allanamiento sin orden judicial.

“El allanamiento a la casa fue fuera de la ley. La orden judicial solo señalaba ubicación y detención de Balcedo y de su esposa”, agregó la fuente cercana a la familia argentina.

El empresario y su esposa se quejaron en la Justicia sobre que, durante las detenciones, sus hijos quedaron encerrados siete horas dentro de una habilitación, al igual que otros familiares y empleados de la chacra ubicada en Playa Verde.

Pero ese no es el único juicio civil que involucra a los aviones jet que utilizaba Balcedo para sus desplazamientos entre Uruguay y Argentina.

Un segundo pleito fue iniciado por la empresa estadounidense Matrix Aviation Inc., que se dedica a vender aviones jet para ejecutivos. Esta compañía exige una indemnización de varios millones de dólares de la Fiscalía de la Nación, Suprema Corte y de otros organismos del Estado por el decomiso de los aviones jet.

Según el informe firmado por el fiscal de Corte y enviado a El País, la demanda de la compañía estadounidense fue presentada el 23 de febrero de 2022. Ese expediente fue acumulado al del juicio iniciado por Balcedo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno.

En 2020, Balcedo llegó a un acuerdo con la Fiscalía. De los US$ 8 millones incautados, el empresario argentino entregó US$ 4 millones en efectivo.

Además, Balcedo avaló los decomisos del chalet “Sounión” y de varios autos de alta gama: un Porsche Panamera, un Chevrolet Camaro, una Range Rover y un Porsche Boxter.

El valor de todos esos bienes rondaban los US$ 1,2 millones. Junto con el efectivo, el total de lo decomisado a Balcedo alcanza los US$ 5, millones.

En el acuerdo, el empresario argentino reconoció la autoría y fue condenado por tres delitos: lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas. Fiege, por su parte, también reconoció su participación en la maniobra y fue condenada por asistencia al lavado de activos. La Fiscalía, a su vez, le devolvió al empresario argentino US$ 2.635.335.

Balcedo cuestionó el acuerdo en el diario Hoy de Argentina. “Yo denuncié públicamente que me hicieron firmar un acuerdo mediante una manera extorsiva para levantarle los juicios civiles que le había iniciado a los fiscales y a los policías que se metieron como una tromba en mi casa”, expresó el empresario.

Tres años después del acuerdo, desde la familia Balcedo se anunciaron demandas civiles a los fiscales de la causa. “No se renuncia a los derechos”, explicó una fuente allegada a la familia Balcedo.

En una entrevista concedida a El País, Fiege rechazó las acusaciones de ilícitos contra su pareja provenientes de la Fiscalía.

“Lo que dicen de nosotros es mentira”, dijo. Y agregó: “Con respecto a la fortuna de mi marido, debo decir que él siempre tuvo mucho dinero. No es algo que me hubiera llamado la atención. Siempre fue igual”.