Justicia condena a Ministerio del Interior a indemnizar a un hombre que fue detenido con “fuerza excesiva”

La Justicia condenó al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la Nación y al Poder Judicial a indemnizar con un total de US$ 15.000, a un hombre que fue golpeado por la Policía durante un procedimiento para detenerlo, el cual fue declarado “ilegal”. La sentencia de primera instancia, a la que accedió El País, estableció que cada organismo deberá pagarle US$ 5.000 por su responsabilidad en los hechos.

El caso comenzó el 27 de mayo de 2023, cuando varios policías concurrieron al domicilio de la persona ante un presunto episodio de violencia doméstica. Durante el procedimiento, los funcionarios lo redujeron violentamente, lo arrojaron al piso y lo golpearon, provocándole lesiones que posteriormente fueron constatadas mediante exámenes médicos.

Al día siguiente de su detención, el hombre fue conducido ante la Justicia. Allí no fue imputado por violencia doméstica sino por atentado agravado y lesiones personales, a raíz de un supuesto enfrentamiento con los policías durante el procedimiento. En la audiencia, el juez dispuso arresto domiciliario nocturno como medida preventiva.

Según el relato de Fiscalía, los policías afirmaron que encontraron una actitud hostil de los moradores y que un perro intentó atacarlos, por lo que solicitaron refuerzos. Cuando llegaron más efectivos, la pareja del hombre continuó comportándose de manera hostil. El hombre denunciante estaba utilizando su celular y un policía le ordenó colocar las manos contra el patrullero porque iba a detenerlo.

Según la acusación, el hombre se negó a obedecer, por lo que fue reducido por los funcionarios. En ese momento, presuntamente mordió el dedo de uno de los policías que lo estaba reduciendo. La Fiscalía basó su pedido de imputación principalmente en una grabación realizada con una cámara GoPro policial y un informe médico forense que constató las lesiones del efectivo.

Respecto a la violencia doméstica, la pareja del hombre dijo “desconocer” la situación.

Los abogados defensores recurrieron la resolución judicial que había declarado legal su detención y admitido la formalización de la investigación en contra del hombre. El caso terminó recayendo en el Tribunal de Apelaciones de 1° Turno.

La defensa del hombre afirmó que el conflicto comenzó cuando uno de los policías desenfundó su arma y amenazó con dispararle a una perra de nueve meses que había salido al patio de la vivienda. Según la defensa, él y su pareja intentaron proteger al animal y habían permitido el ingreso de los funcionarios.

De acuerdo al relato de los abogados, el hombre llamó al 911 para denunciar el comportamiento policial pero mientras hablaba por teléfono, los efectivos le ordenaron colocarse contra el patrullero. El hombre respondió que no había hecho nada y pidió que esperaran, pero los policías lo arrojaron al suelo y se abalanzaron sobre él.

Respecto de la mordedura, los abogados afirmaron que ocurrió cuando un policía introdujo un dedo en la boca del hombre mientras varios funcionarios lo mantenían inmovilizado y le dificultaban respirar. Argumentaron que, de haber existido una mordida, se produjo como reacción defensiva y no como una agresión deliberada.

También cuestionaron que la grabación policial fuera parcial, ya que los efectivos no habían comenzado a filmar desde el inicio del procedimiento. La defensa señaló que el hombre presentaba hematomas en la frente, brazos y piernas, además de un diente flojo.

Finalmente, el Tribunal de Apelaciones consideró atendibles los cuestionamientos de la defensa y concluyó que la Fiscalía había solicitado la formalización sin suficiente “seriedad” en los cargos. Por ende, declaró ilegal la detención del hombre y revocó la resolución que había admitido la imputación.

Con ese fallo a favor, el hombre demandó al Estado por daños y perjuicios. Días atrás, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 3° turno falló a su favor.

En sus descargos, el Ministerio del Interior sostuvo que los policías actuaron dentro de sus competencias y que la fuerza utilizada estaba justificada. La Fiscalía y el Poder Judicial, en tanto, argumentaron que haber coincidido en resolver una formalización que posteriormente fue revocada no genera, por sí solo, la obligación de indemnizar a la persona afectada.

Pero el juzgado atribuyó responsabilidad a Fiscalía por solicitar la formalización sin fundamentos suficientes, lo que derivó en una “restricción injustificada” de la libertad del hombre. También responsabilizó al Poder Judicial por admitir la imputación sin ejercer un control adecuado sobre los fundamentos del pedido fiscal.

La sentencia consideró acreditado que los policías utilizaron una fuerza “excesiva y desproporcionada”. Para llegar a esa conclusión, la Justicia valoró la documentación médica, fotografías de las lesiones, grabaciones del procedimiento y las declaraciones de dos testigos. El fallo recordó que la Policía está legalmente habilitada para utilizar la fuerza cuando resulta indispensable para cumplir sus cometidos, pero que esa facultad tiene “límites”.