BOLSA DE VALORES
El fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, investiga cinco denuncias penales contra la corredora de Bolsa.
La jueza especializada en Crimen Organizado, María Elena Mainard, decretó el embargo de bienes de la corredora de Bolsa, Sara Goldring, ubicados en Estados Unidos y valorados en unos US$ 20 millones. La mayoría de esos activos se encuentran a nombres de sociedades o en bancos de inversión.
La resolución de la jueza Mainard, a la que tuvo acceso El País, se realiza a pedido del fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, tras un escrito presentado por el estudio Donnángelo-Durán-Sasson, que representa a casi a un centenar de damnificados. Estos ahorristas sufrieron pérdidas por unos US$ 20 millones, según dijo el abogado Pablo Donnángelo a El País.
La resolución de la jueza, fechada el pasado lunes, señala que dispondrá medidas sobre los bienes de Goldring, pero advierte que los denunciantes tienen que saber que deberán presentar una demanda civil contra la corredora de Bolsa de Valores dentro de un plazo de 60 días de efectivizadas las medidas.
Mainard dispuso, además, que se trabe un embargo respecto del dinero y valores que se encuentran depositados en varias cuentas y que notifiquen de ello a la Bolsa de Valores de Montevideo.
También resolvió embargar la totalidad del paquete accionario de las empresas de Goldring radicadas en el extranjero y, además, estableció la medida de no innovar. Por ejemplo, Goldring y sus familiares directos no podrán vender esas empresas a terceros.
Perjuicio
El estudio jurídico Donnángelo-Durán-Sasson, representa a unos 100 damnificados que perdieron sus ahorros, montos que van desde US$ 12.000 a US$ 3 millones, señaló Donnángelo.
“El total de pérdidas de nuestros clientes, que invirtieron en empresas de Goldring, superan los US$ 20 millones”, remarcó el abogado penalista.
Y agregó que el perfil de la mayoría de los perjudicados no son de personas que realizan grandes inversiones en acciones sino que se trata de trabajadores que han hecho algo de dinero y lo colocaban en la Bolsa a través de Goldring. “Lo hacían por la confianza que ella generaba. En muchos casos las rentas que recibían nuestros clientes eran sus únicos ingresos. Por ejemplo, un amigo de la infancia de Goldring pagaba la casa de salud donde vivía con los intereses que le abonaba Sara. Él no pudo pagar más esa casa de salud”, explicó.
Investigación
En coordinación con el bufete neoyorquino Baker and Hostetler, el estudio Donnángelo-Durán-Sasson detectó activos financieros en el banco de inversión de EE.UU. Jeffries, cercanos a los US$ 20 millones pertenecientes a sociedades extranjeras, según afirmó a El País el abogado Eduardo Sasson. “En la gran mayoría de estas sociedades anónimas, que figuran bajo la jurisdicción de Panamá, los denunciados (Sara Goldring y sus familiares) son los únicos accionistas. A raíz de lo anterior hemos proporcionado toda la información relacionada a esos activos a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y al Juzgado de Crimen Organizado”, expresó el profesional.
“Entendemos que (la Fiscalía de Delitos Económicos) debe comenzar a analizar la eventual participación en el delito de los bancos de inversión de EE.UU., ya que de haberse realizados los controles necesarios deberían haber saltado alarmas sobre la comisión de ilícitos”, concluyó Sasson.
La intervención de la Bolsa de Valores sacudió a clientes
El pasado 5 de julio decenas de inversores de la Bolsa de Valores recibieron una noticia desalentadora. El Banco Central del Uruguay (BCU) informó que su directorio había decidido intervenir preventivamente con suspensión de actividades a las empresas Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A. y a United Brokers S.A. Agente de Valores. Ambas compañías -una corredora de Bolsa y otra agente de valores- pertenecen a la empresaria Sara Goldring. El BCU había advertido irregularidades en el manejo de las inversiones que habrían provocado perjuicios millonarios.
Según abogados de los damnificados, la empresaria comenzó a registrar importantes pérdidas, luego trató de recuperarlas mediante el apalancamiento, sin éxito. Para realizar el apalancamiento, señalaron los profesionales, la empresa colocó como garantía inversiones de personas que no tenían perfil agresivo. Al volver sus inversiones a tener pérdidas, los bancos custodias de los apalancamientos se quedaron con las garantías.
El 4 de agosto de este año, el BCU trasladó toda la información sobre Goldring a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, cuyo titular es el fiscal Enrique Rodríguez.
El 27 de julio, tres semanas después de que se presentara la primera denuncia, la inversionista fue citada a declarar en la Fiscalía. También fue convocado un cliente que perdió unos US$ 300.000 ahorrados a lo largo de 30 años.
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