Redacción El País
En un fallo de primera instancia, el juez Federico Rodríguez desestimó la acción de amparo que presentó una familia de Punta Coloradacuyas casas quiere demoler la Intendencia de Maldonado alegando que están construidas sobre terrenos públicos (contrario a lo que dicen los moradores).

En la resolución judicial, a la que accedió El País, se dispuso el archivo del caso, aunque si la parte demandante decide apelar la decisión se podría ir a segunda instancia. El texto señala que “no sería preceptivo el proceso judicial de demolición y la intendencia se encontraría legalmente habilitada a ejecutar la medida”.

En este caso, “no correspondería achacar a quien ejerce la policía territorial un accionar manifiestamente ilegítimo”, dice la sentencia. Además, “no se acredita un accionar de la Intendencia de Maldonado que pueda calificarse de manifiestamente ilegal o manifiestamente ilegítimo”.

Al contrario, el juez considera que el accionar de la intendencia fue adoptado “en ejercicio de las facultades que la ley expresamente le confiere, adecuando su accionar a los mandatos legales y constitucionales”. “Se preservaron especialmente las garantías de los administrados” y “el procedimiento administrativo ha sido ajustado a derecho, no evidenciándose ilegitimidad alguna que sustente el acogimiento de la pretensión”.

Además, el texto explica que la demolición “no implica en este caso concreto una violación del derecho al debido proceso”. En ese sentido, se expresa que se respetó “el derecho de defensa de los actores” que tuvo “participación activa en las instancias administrativas”.

La idea, después de la demolición, es que “quede como un paseo” y se libere “la zona de playa”. “Hay todo un proyecto de desarrollo para Punta Colorada”, aseguró este jueves el intendente fernandino Enrique Antía.

En defensa de los moradores están los abogados Marcelo Güinle y Hugo Costa, que presentaron una demanda en el ámbito civil solicitando que quede sin efecto la demolición que estaba prevista para el pasado viernes.

En paralelo los abogados del estudio Donnángelo, Durán, Sasson presentaron una denuncia penal contra el intendente de Maldonado y otros jerarcas de la comuna en representación de los hermanos (moradores de las viviendas), por "abuso de funciones".